Solución política a los problemas derivados de la guerra popular
La Solución política a los problemas derivados de la guerra popular, o Solución política,[1] fue una estrategia elaborada por Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en el año 2000, con el objetivo de lograr la liberación de los senderistas encarcelados y derogar las leyes antiterroristas. La estrategia fue planteada luego de la finalización de los "Acuerdo de Paz" y, en el año 2006, fue sustituida por una nueva estrategia denominada "Solución política, amnistía general y reconciliación nacional", de la cual surgiría el MOVADEF y organizaciones afines. La "Solución política" fue calificada posteriormente por Guzmán como un "triunfo de envergadura".[2][fuente cuestionable] ContextoAntecedentesEn 1992, Abimael Guzmán fue capturado por el GEIN en la Operación Victoria. Una vez capturado, Guzmán ideó los “Acuerdos de paz” para poder reestructurar la organización subversiva[3] a la par que Vladimiro Montesinos puso en marcha la Operación MISTI-92 para lograr la capitulación de Guzmán y la división de Sendero Luminoso en dos facciones enfrentadas (los “acuerdistas” y la facción proseguir).[4][fuente cuestionable] En el año 2000, los miembros de Sendero Luminoso afines a los acuerdos se reunieron en la Base Naval del Callao para desarrollar una nueva estrategia que denominaron “Solución Política a los problemas derivados de la guerra popular”.[5] Los 5 puntosEl 3 de diciembre del 2000, en medio de la caída del régimen fujimorista, se lanzó un comunicado denominado “¡Viva el 3 de diciembre. 21° aniversario de las fuerzas armadas revolucionarias y día de reafirmación en la jefatura del Presidente Gonzalo!”.[5] En dicho comunicado, se planteó 5 puntos a seguir:[6][fuente cuestionable]
Adicionalmente, se desenvolvió una acción conjunta con el grupo del "Camarada Feliciano" (Sendero Rojo) y el MRTA, teniendo en cuenta los intereses comunes.[7] DesarrolloCampaña en las cárcelesTras la publicación del documento, los líderes senderistas empezaron una campaña exigiendo mejores condiciones carcelarias, la derogación de las leyes antisubversivas y el inicio de nuevos juicios.[5] Como parte de esta campaña, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre enviaron cartas al por entonces presidente Valentín Paniagua, al premier Javier Pérez de Cuéllar y al ministro de justicia Diego García Sayán (los líderes del MRTA, Víctor Polay Campos y Peter Cárdenas Schulte, también enviaron cartas). El 18 de enero de 2001, se dio el decreto supremo 003-2001-JUS donde se aumentaba el número de visitas y el tiempo de las visitas, además de darse acceso a radios, diarios y teléfonos y admitir las reuniones grupales. El vicealmirante Noriega Lores, por entonces presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, envió dos oficios a García Sayán en febrero y abril de 2001 donde le advertía que los cambios dados eran asumidos por los líderes terroristas como "signos de debilidad".[8] Además de las cartas, los líderes senderistas iniciaron huelgas de hambre como medida de presión, uniéndose a ellos los líderes del MRTA; continuando estas medidas de presión bajo el gobierno de Alejandro Toledo. Como resultado, se mejoraron las condiciones carcelarias aunque sin reformar la legislación antisubversiva.[5] Campaña legalPresentación de firmasEn el año 2001, en una convención nacional "de organizaciones y masas por una auténtica comisión de la verdad", Marcelino Tineo junto a Manuel Fajardo (abogado de Abimael Guzmán) y otros tres personajes más iniciaron una campaña de recolección de firmas.[9] La campaña legal fue iniciada el 15 de julio del 2002, con una demanda ante el Tribunal Constitucional presentada por Marcelino Tineo Sulca, Manuel Fajardo, Alberto Mego Márquez, Walter Humala y María Salazar Pino (quienes reconocieron cercanía con el Pensamiento Gonzalo).[5] La campaña fue iniciada por orden directa de Guzmán.[10] La demanda, que pedía la derogación de la legislación antisubversiva, fue acompañada de firmas de más de 5 mil ciudadanos,[5] interponiendo acción de inconstitucionalidad a los Decretos Leyes N.º 25475, 25659, 25708 y 25880 (promulgados durante el gobierno de Fujimori).[11] Para la recolección de las firmas fue fundamental la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas del Genocidio (AFADEVIG),[5] un organismo generado que agrupa familiares de senderistas.[9] Resolución del Tribunal ConstitucionalComo resultado de esto, el 3 de enero de 2003, a través de la resolución 00010-2002-AI-TC, el Tribunal Constitucional dispuso declarar:[12]
Y exhortó al congreso de la república reemplazar:[12]
Consecuencia de esto, se inició una revisión de sentencias a la par que el gobierno de Alejandro Toledo solicitó, con carácter urgente,[13] facultades legislativas para reformar el marco legal antiterrorista.[5] La cadena perpetua a líderes terroristas fue levantado para nuevos juicios en el fuero civil.[14] El 21 de marzo de 2003 se anunció un nuevo juicio para Abimael Guzmán tras anularse su sentencia de cadena perpetua.[15] Movimiento Popular de Control ConstitucionalTras la sentencia del Tribunal Constitucional, el Movimiento Popular del Control Constitucional (MPCC) sacó un comunicado a la opinión pública donde declaraba:[16]
En febrero del 2003 se creó formalmente el Movimiento Popular de Control Constitucional (MPCC)[5] bajo el liderazgo de Marcelino Tineo.[9] El MPCC se encargó de defender los sentenciados por terrorismo, además, en 2004, presentó más de 200 recursos de habeas corpus para la liberación de "presos políticos", entre ellos Abimael Guzmán. En el año 2005, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el nuevo marco legal antiterrorista.[5] Campaña en las masasComo parte de la "solución política", se desarrollaron trabajos orientados a obtener una opinión pública favorable hacia los senderistas tanto a nivel nacional como internacional, además, se dispuso la llegada a los sectores populares y enlaces con organismos de derechos humanos, se buscó enlazar al Partido a los reclamos de los sectores populares y se realizó trabajos en defensa de la "guerra popular".[7] ConsecuenciasEl 5 de noviembre del 2004, se inició un juicio ante un tribunal civil a Abimael Guzmán. En octubre de 2006, Guzmán fue condenado a cadena perpetua. Ante esto, Guzmán propuso una nueva estrategia denominada "Solución política, amnistía general y reconciliación nacional", a través de la cual se crearía el MOVADEF para la participación política.[5][17] Por otro lado, para el año 2013, se liberaron más de 2 mil condenados por terrorismo quedando en las cárceles 545 presos.[5] Véase también
Referencias
Enlaces externos
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