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Ley de Residuos Peligrosos
La Ley de Residuos Peligrosos nº 24 051 de la República Argentina fue el primer estatuto de carácter federal sobre cuestiones ambientales. Fue sancionada por el Congreso el 17 de diciembre de 1991 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 8 de enero de 1992, dos años antes de la reforma constitucional de 1994. Anterior a la reforma constitucional, las leyes ambientales en materia ambiental sólo regían si las provincias la aceptaban de forma voluntaria, por ello de las 24 provincias, únicamente 13 han adherido a la ley, 9 dictaron su propia legislación y 2 adhirieron y dictaminaron sus propias reglamentaciones.[1] Complementaria a esta ley es el Decreto reglamentario 831 de 1993 que fija el cobro de una "Tasa de Evaluación y Fiscalización" cuyo monto fue establecido en virtud de la cantidad y la peligrosidad de los residuos.[1] Marco legalPara la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos se toma en cuenta la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, es decir, desde que se producen hasta su disposición final. Como definición de residuo peligroso el reza:
Asimismo deja excluidos a los residuos domiciliarios, los radioactivos y los generados de la actividad normal de los buques, los cuales se regirán por leyes especiales. En el artículo 3 se prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio o al espacio marítimo o aéreo, extendiéndose también a los residuos nucleares.[2] AutoridadesEn 2007 se creó, bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, una dirección específica para la gestión de los resiudos peligrosos, llamada Dirección de Residuos Peligrosos. El objetivo era que diera cumplimiento a la Ley de Residuos Peligrosos y a la Ley N.º 23.922, que aprobaba el Convenio de Basilea. A partir de los cambios en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a 2025 la autoridad de control es la Coordinación de Residuos Peligrosos.[3] Generadores y Operadores de residuos peligrosos Se implementa mediante la ley un Registro de Generadores y Operadores de residuos peligrosos, que deberían inscribirse ya sean personas físicas o jurídicas a los que se les expediría un certificado que debiera renovarse de forma anual.[2] En cuanto a "directores, administradores, gerentes, mandatarios o gestores, estuvieren desempeñando o hubieren desempeñado alguna de esas funciones en sociedades que estén cumpliendo sanciones de suspensión o cancelación de la inscripción por violaciones a la presente ley cometidas durante su gestión" no podrán inscribir sus sociedades.[2]
Los generadores deben adoptar medidas para reducir la cantidad de desechos que producen; separar y no mezclar los residuos peligrosos entre sí; envasarlos, identificarlos, numerarlos y fecharlos; y entregarlos a transportistas autorizados cuando no los pudieran tratar ellos mismos. Se incluyen a los generadores de residuos patológicos (cultivos de laboratorio, orgánicos, de animales, quimioterápicos, de jeringas, ampollas, etc.).[2] TransportistasEn cuanto a los transportistas de residuos peligrosos deben inscribirse y aportar sus datos, tipos de residuos que transportarán, vehículos y contenedores a ser utilizados, certificar conocimientos en caso de emergencia y tener una póliza de seguros con una suma suficiente que cubra los posibles daños que pueda ocasionar.[2] Se les prohíbe mezclar los residuos, almacenarlos por más de diez días, transportarlos en embalajes o envases deficientes, aceptar residuos no asegurados, transportar simultáneamente residuos peligrosos incompatibles.[2] Plantas de tratamiento y disposición final
Las plantas de disposición final para su habilitación requerirán, entre otros, de un estudio de impacto ambiental. Además de una permeabilidad del suelo no mayor de 10 cm/s hasta una profundidad no menor de 150 centímetros tomando como nivel cero (0) la base del relleno de seguridad; o un sistema análogo, en cuanto a su estanqueidad o velocidad de penetración; una profundidad del nivel freático de por lo menos dos (2) metros, a contar desde la base del relleno de seguridad.[2] Responsabilidades, infracciones y sanciones, penasComo responsabilidades la ley no exime al demostrar la culpabilidad de un tercero y la misma no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de estos. Las infracciones tienen niveles que pueden ser acumulativos:
Las penas se refieren en el artículo 55 a quién o quiénes "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general", en caso de muerte de una persona serán de 10 a 25 años de prisión. Por imprudencia, negligencia o impericia de 1 mes a 2 años de prisión y si hubiere enfermedad o muerte de una persona, de 6 meses a 3 años de prisión.[2] Provincias adheridas
Problemas de competenciaLas disposiciones en cuanto a las responsabilidades de carácter administrativo y penal son sólo aplicables en áreas de jurisdicción nacional y en las provincias que hayan ratificado la ley. Adicionalmente, la falta de financiamiento redundan en un bajo cumplimiento y una escasa implementación de los mecanismos de información.[5] La Ley de Residuos Peligrosos excluye a los residuos domiciliarios, a los radioactivos y a los derivados de las operaciones comunes de los buques.[6] Además, el artículo 55 reprime a quiénes utilizando residuos enevenenare, adulterara o contaminara de modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Utilizando únicamente la palabra «residuos» parecería que abarca también a los residuos industriales y domiciliarios, sin embargo, esto no es así. Aun así, excluye al envenenamiento como conducta punible.[6] Véase tambiénReferencias
Enlaces externos
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