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Igualitarismo políticoEl igualitarismo político es un principio que consiste en el acceso equitativo a los mecanismos de representación y participación política,[1] en la distribución inclusiva y justa del poder o influencia política, y en la ecuanimidad en los procesos y trato a los ciudadanos con independencia de sus características, como la raza, la religión, la riqueza o la inteligencia.[2] El igualitarismo político, a la par que el concepto próximo de igualdad política, son principios fundacionales y fuentes clave de la legitimidad para muchas democracias[3] y sus constituciones,[4] tales como el principio del sufragio universal o el de Igualdad ante la ley.[5] Conceptos claveIgualitarismoEl igualitarismo es un conjunto de teorías principalmente discutido en la filosofía política que considera que todos los ciudadanos, por cuanto tienen el mismo valor intrínseco, deberían sean tratados y respetados por iguales.[6] Los igualitaristas buscan no sólo la distribución bruta del poder y los recursos de forma equitativa, sino también en perseguir tal igualdad a través de influir en los diferentes procesos y formas de relacionamiento que emplean los ciudadanos entre sí y frente a otros agentes relevantes, como sus representantes o grupos de interés.[7] Igualdad políticaVéase también: Igualdad civil y política
Para el igualitarismo político, la igualdad política sólo se logra cuando las normas, reglas y procedimientos que gobiernan la comunidad brindan la misma consideración a todos.[8] Autores en esta línea, como Robert Dahl, consideran que el ideal de democracia supone a la igualdad política como deseable, por cuanto es éste el principio que debería guiar todo procedimiento democrático,[9] pues ambos, igualdad política y democracia, se apoyan en el valor intrínseco de cada persona (que él llama igualdad intrínseca) y en los ánimos de contrarrestar la tendencia del poder centralizado a la corrupción.[10] Igualdad ante la leyLa igualdad ante la ley supone que la ley debe aplicarse a todas las personas por igual y sin excepciones. Así, por ejemplo, la libertad de expresión debe aplicarse por igual a todos los miembros de la sociedad. Algunas leyes pueden diseñarse para ayudar a minimizar la aplicación de la ley de forma desigual.[11] Las constituciones adecuadamente diseñadas, por ejemplo, pueden contribuir a proteger los derechos políticos de distintas poblaciones en democracias ya funcionales.[12] Caso contrario y especialmente en aquellas constituciones que no suelen estar en constante revisión, es más probable que se vulneren de forma sistemática los derechos de aquellas poblaciones que figuran como minoría o que tienen un acceso poco eficaz en los mecanismos de representación y participación política.[13] Véase también
Notas
Referencias
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