Historia de la red vial argentinaDesde la época colonial existió una red de caminos, siendo los más importantes el Camino Real del Oeste (también llamado "Camino Real hacia el Oeste" o "De los Correos"), de Buenos Aires a Santiago de Chile pasando por las ciudades de San Luis y Mendoza y el Camino al Alto Perú, de Buenos Aires a Potosí, pasando por Córdoba, San Miguel de Tucumán y Salta, entre otras ciudades importantes. Estos caminos tenían postas cada 50-100 km para que los caballos pudieran descansar. En caso de lluvias se volvían intransitables. En el siglo XVII un viaje desde Mendoza a Santiago demandaba ocho días promedio, a Córdoba 20 días y a Buenos Aires, 45.[1] A mediados del siglo XIX apareció el ferrocarril en el país y para fin de siglo las principales ciudades estaban conectadas mediante un abanico de rieles a partir de la Capital Federal, con lo que los tiempos para trasladar pasajeros y mercancías por la Argentina disminuyeron considerablemente. De esta manera se dejaron de utilizar los caminos que existían anteriormente. Entre los años 1858 y 1903 se destinó el equivalente a 160.000 pesos moneda nacional anuales a la vialidad argentina. Esta suma se destinó principalmente a la construcción de puentes. El 30 de septiembre de 1907 el Congreso Nacional aprobó la Ley 5.315 a partir del proyecto del Ing. Emilio Mitre (hijo del Presidente Bartolomé Mitre) más conocida como Ley Mitre.[cita requerida] En uno de sus artículos indica que el 3% del producto líquido de los ramales ferroviarios se debe destinar a la construcción de caminos, para el uso de los automotores que aparecieron en esa época en el país. En 1932 se sancionó la Ley 11.658, por la cual se creaba un Sistema Troncal de Caminos Nacionales, la Dirección Nacional de Vialidad que debía construir y mantener los caminos nacionales y un fondo específico (un monto fijo sobre el precio del combustible) para el mantenimiento de este organismo. En los años subsiguientes, a partir de un consumo anual de alrededor de mil millones de litros por año de combustible, la nueva repartición pública podía disponer de 40 millones de pesos. Una vez asegurados los fondos, el organismo público se abocó a trazar el mapa de la red nacional de carreteras, compuesta por la red troncal de caminos en las diferentes provincias, y la totalidad de los caminos en las gobernaciones, ya que estos territorios eran controlados directamente por el Gobierno Nacional. Para diferenciar las rutas troncales de las secundarias en las diferentes gobernaciones se acuñó la expresión ruta complementaria. El trazado de esta red se realizó con ayuda de los gobiernos de las diferentes provincias y gobernaciones, junto con otros interesados: ferrocarriles, puertos, ministerios de agricultura, guerra, marina, etc. A diciembre de 2012, la red nacional de caminos tenía una extensión de 39.518 kilómetros de los cuales 35.214km se encuentran pavimentados. De esos, 32.977km son de calzada simple, 1.378 de autovía y 859km de autopista. Además la red posee 3.228km de ripio y 1.076km de tierra. Numeración de Rutas NacionalesEn 3 de septiembre de 1935 el directorio del nuevo organismo público aprobó su esquema de numeración de rutas nacionales.[2][3]
De esta manera se definieron 119 rutas regionales, dejando 131 números más para futuras expansiones de la red de rutas nacionales. Se puede observar el recorrido de estas rutas en Anexo:Primeras rutas nacionales argentinas. Esta numeración se modificó parcialmente en 1943.[3] A las rutas complementarias se le asignaron letras.[4] La política caminera de esta época se basaba en las siguientes expresiones del primer administrador de la Dirección Nacional de Vialidad:
En el gráfico de la derecha se puede observar la evolución de las rutas nacionales en kilómetros de extensión según el tipo de calzada: pavimento, ripio o tierra.[5] La mayor parte de las rutas construidas inicialmente por la Dirección Nacional de Vialidad fueron transferidas a las provincias. A fines de la década de 1950 las nuevas provincias de la región patagónica recibieron la mayoría de los caminos que cruzaban sus territorios, que anteriormente eran de jurisdicción nacional. Desarrollo de Vías rápidasLas primeras autopistas se construyeron en la década de 1940: la Avenida General Paz y la Autopista Riccheri. En 1979 existían las siguientes autopistas:[6]
En 1990 se concesionaron los accesos a Buenos Aires y Córdoba y los corredores viales con mayor caudal de tránsito. El dinero para que los concesionarios puedan realizar obras de mantenimiento y mejoras proviene de peajes que cobran a los conductores de los vehículos que circulan por las rutas. Desde el 25 de enero de 2001 el organismo encargado del control de los concesionarios es el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). Previamente el Órgano de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encargaban de estas tareas. En diciembre de 2004 se ampliaron las facultades del OCCOVI para realizar obras en las rutas concesionadas.[7] Véase también
Referencias
|