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Gobierno de Xiomara Castro
El gobierno de Xiomara Castro inició el 27 de enero de 2022 tras la victoria del Partido Libertad y Refundación en las elecciones generales de Honduras de 2021. Su mandato se extenderá hasta el 27 de enero de 2026, fecha en la que debe producirse la investidura de su sucesor(a). Las promesas hechas por Castro crearon gran esperanza y expectativas sobre el nuevo gobierno por parte de la población hondureña.[1][2][3][4] Toma de posesiónEl cambio de mando se realizó el 27 de enero de 2022, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, capital de Honduras.[5][6] La hasta entonces presidenta electa informó que su toma de mando no usaría medios económicos del Estado hondureño, por lo que la Comisión de Traspaso de Mando Presidencial inició una recaudación a nivel nacional para conseguir los fondos necesarios para la ceremonia,[7][8] llegando a recaudar unos 36 millones de lempiras.[9] Entre los donantes se encontró la República de Taiwán. Como parte de los preparativos, la Comisión realizó varias mejoras y reparaciones al estadio, las cuales tuvieron un costo de 28 millones 293 mil lempiras. Entre ellas, se pintó casi en su totalidad,[10] en colores blanco, turquesa y azul turquesa;[11] siendo ese último el color de la imagen del nuevo gobierno.[12] El mismo tono de azul es el que Castro usó de manera inédita en su banda presidencial, y el que, comenzado su gobierno, pasó a usarse en la Bandera Nacional[13][14] —esto para cumplir con el «azul turquesa» que por ley debe tener la misma. Debido a la crisis institucional que atravesaba el Congreso Nacional y a la ausencia en la ceremonia del presidente del Poder Judicial, Castro fue juramentada por la jueza Karla Romero.[9] A su investidura asistieron: el rey de España Felipe VI, los presidentes Carlos Alvarado de Costa Rica y Laurentino Cortizo de Panamá, el primer ministro de Belice Juan Antonio Briceño,[15] las vicepresidentas Kamala Harris de Estados Unidos, Raquel Peña de Antuña de República Dominicana y Cristina Fernández de Kirchner de Argentina —acompañada, entre otros, de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta—;[16] los vicepresidentes William Lai de Taiwán, Salvador Valdés Mesa de Cuba y Félix Ulloa de El Salvador —junto al presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro Aldana—;[17] el presidente electo de Chile Gabriel Boric[18] y el expresidente de Bolivia Evo Morales.[13] Entre otras personalidades, también asistieron los cancilleres de México,[19] Nicaragua y Bolivia;[20][21] y el vicecanciller de Colombia.[22] El presidente saliente Juan Orlando Hernández no se presentó a la ceremonia, deseándole éxito a las nuevas autoridades de gobierno en una cadena el día anterior.[23] En su primer discurso como presidenta, Castro prometió concentrar los esfuerzo de su gobierno en las materias de educación, salud, seguridad y empleo. Dijo que el país se hallaba en una «catástrofe económica» y que en los primeros 100 días tomaría medidas urgentes para la «refundación del país». Entre sus promesas concretas, anunció que al día siguiente iniciaría pláticas con los maestro para el retorno a clases presenciales (suspendidas por la pandemia), que enviaría un proyecto de ley para subsidiar los combustibles y otro para que dar energía gratis a las familias que consumen menos de 150 kW al mes, que renegociaría las cláusulas del CAFTA, bajaría los intereses bancarios, no extendería permisos para la explotación de minas abiertas ni de minerales, ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados; y que pediría la instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad con el apoyo de la ONU.[n 1] «Debemos arrancar de raíz la corrupción de doce años de dictadura», expresó. También dijo que durante su gobierno, los adultos mayores, las personas con capacidades especiales, la niñez y la juventud, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la comunidad LGBT tendrían «un lugar y atención precisa».[9] Estructura y gabineteHoras antes de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro anunció a los principales funcionarios de su gobierno. Este lo conformaron 35 personas del Partido Libre, dos del Partido Salvador de Honduras, uno del Partido Liberal, uno del movimiento independiente Honduras Humana y otro sin afiliación.[24] Los nombramientos de su hijo Héctor Manuel Zelaya como secretario privado de la Presidencia y de su sobrino político José Manuel Zelaya como ministro de Defensa generaron críticas por considerarlos como nepotismo.[25][26] Inicialmente, 25 % de los puestos fueron asignados a mujeres, con 5 de las 16 secretarías estando al mando de una mujer. Dichas secretarías suman un presupuesto de 6.5 mil millones de lempiras anual, mientras que las dirigidas por hombres sumaron 80 mil millones de lempiras.[24] El 6 de abril de 2022, mediante un decreto ejecutivo se volvieron a crear las secretarias de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) —antes Secretaría de Transparencia—, de Infraestructura y Transporte (SIT) —antes Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos—, de Desarrollo Social —antes Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social— y de Planificación Estratégica. Se crearon la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras —suprimida durante el gobierno anterior— y la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia. Y se suprimieron los cinco gabinetes sectoriales, la Secretaría de Coordinación de Gobierno, así como otras entidades y programas del gobierno anterior.[27]
Primeros 100 díasEl gobierno de Xiomara Castro comenzó en medio de una crisis política que mantenía dividido al Congreso Nacional en dos facciones con dos juntas directivas diferentes, una de ellas escogida de manera ilegal y apoyada por Castro. El 7 de febrero se acordó mediante un acuerdo político que esta última junta fuese la que dirigiese el Congreso Nacional. En los primeros 100 días de gobierno desde la asunción de la gobernante, se implementaron medidas orientadas a dar cumplimiento a algunas de las promesas que Castro dijo en su discurso de toma de posesión que cumpliría durante sus primeros meses. Otras no fueron implementadas o no tuvieron un avance claro, tales como: la reducción de los intereses en la banca para incentivar la producción, el fomento de la agroforestación, la industria y el turismo; y la definición de una política fiscal y monetaria o de una política exterior «solidaria». Tampoco hubo avances significativos en la creación de un "gobierno digital", en las investigaciones sobre el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres o la atención para adultos mayores, niñez y juventud, pueblos originarios y afrodescendientes, y personas LGBT.[3][39][1] Medidas tomadas
El 2 de febrero la facción del Congreso Nacional apoyada por Castro aprobó una iniciativa de ley del Ejecutivo creando un subsidio que da energía eléctrica gratuita a las residencias con un solo contador que consumen menos de 150 kilovatios-hora mensuales. El subsidio beneficia a alrededor de 1.3 millones de clientes generando un costo mensual de 540.9 millones de lempiras, el cual es absorbido en un 40 % por los clientes no residenciales y en un 60 % por el Estado. Tanto el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina, como el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Ismael Zepeda, opinaron que la iniciativa debió estar enfocada en las familias pobres y no en los usuarios que consumen poca energía eléctrica, pues algunos de ellos sí tienen la capacidad económica para pagar la factura. El primero dijo también que el costo debió ser absorbido en su totalidad por el Estado.[40]
También el 2 de febrero la facción del Congreso Nacional apoyada por Castro aprobó una rebaja de 10 lempiras al galón de los combustibles durante el 2022.[41] Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania iniciada 22 días después elevó el precio de los combustibles a cifras históricas.[3][39]
El 24 de febrero, la secretaria de Finanzas Rixi Moncada presentó en Casa Presidencial un informe sobre la situación financiera del país, afirmando que el gobierno de Castro heredó un Estado en bancarrota con «cifras manipuladas y bajo preceptos de corrupción, con la institucionalidad desplomada y hundida». También afirmó que el presupuesto general de la República aprobado por el gobierno anterior para el año 2022 era falso, corrupto y no reflejaba la realidad del país. Por ello, el 7 de abril el Congreso Nacional aprobó una modificación al presupuesto enviada por el Ejecutivo. El nuevo presupuesto, sin embargo, fue aumentado en 52 mil millones de Lempiras, aumentando el presupuesto de 55 entes gubernamentales; entre estos: las secretarías de Educación y Salud, la Administración Central con un aumento de 5.37 mil millones de lempiras, la Secretaría de Energía de 19.09 mil millones, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola de 3.45 mil millones y el Instituto de Previsión del Magisterio de 1.22 mil millones.[42]
El 1 de marzo el Congreso Nacional derogó de forma unánime la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, conocida como Ley de Secretos, aprobada en 2013 y que habilitaba al presidente de la República y directores de otros organismos públicos a clasificar la información oficial como «reservada» o «confidencial». Con el amparo de esta ley se ocultaba la información sobre la gestión de recursos de al menos 17 instituciones estatales, incluyendo Casa Presidencial, por lo que la misma había sido ampliamente criticada como un mecanismo de corrupción que impedía la investigación.[43] Con su derogación se ordenó desclasificar toda la información reservada y remitirla al Instituto de Acceso a la Información Pública.[44][45]
El 10 de febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad fallar a favor de dos recursos de amparo en el caso Defensores del Río Guapinol y San Pedro, por el que 8 defensores del medio ambiente fueron encarcelados arbitrariamente. La resolución indica que a los acusados se les negó una «tutela judicial efectiva», por lo cual quedaron en libertad tras 29 meses de prisión.[46]
El 22 de febrero la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, mediante la resolución No. 321-2022 restituyó la nacionalidad hondureña al padre Andrés Tamayo, expulsado de Honduras después del golpe de Estado de 2009 bajo acusaciones de sedición.[47]
El 20 de abril el Congreso Nacional aprobó de manera unánime la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).[48]
El 17 de febrero el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, anunció que se había remitido oficialmente una carta a la Secretaría General de la ONU donde la presidenta Xiomara Castro solicitaba apoyo para la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).[49]
El 1 de marzo el Gobierno, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, declaró al país «libre de minería a cielo abierto» y anunció la revisión, suspensión y cancelación de las licencias, permisos y concesiones. Esto por ser una práctica lesiva al medio ambiente y la salud pública. El Gobierno también prometió intervenir «inmediatamente» para conservar las áreas de «alto valor ambiental» en beneficio de la población.[50] El 21 del mismo mes la misma secretaría declaró emergencia ambiental en Honduras y anunció la implementación de un plan de rescate de las áreas naturales.[51]
El 18 de abril las autoridades de Educación ordenaron el retorno a clases presenciales, sin embargo el mismo no se dio en un 100 % debido a que muchos maestros no atendieron el llamado o los centros educativos se encontraban en condiciones precarias. Según la Asociación por una Sociedad más Justa, un mes después un 80 % de los centros educativos en el país había retornado a clases presenciales,[52] mientras que para mediados de junio esta cifra subió al 95 % según la viceministra de Educación, Marisela Figueroa.[53] Por otro lado, la merienda escolar no fue implementada y la vacunación contra el covid-19 para menores de edad no se efectuó en varias regiones del país.[3]
Durante este período se extraditó al exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico.
El 28 de abril el Congreso Nacional derogó la Ley de Empleo por Hora aprobada en enero de 2014, por considerársela por muchos una ley violatoria de los derechos de los trabajadores. La medida fue aplaudida por las centrales obreras tales como la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras, la Colectiva de Mujeres Hondureñas y la Central General de Trabajadores.[54] Otros, como el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Mateo Yibrín, consideraron que la derogación total de la Ley fue un error y solo debió modificarse. También el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, dijo que el Congreso debía crear una solución alternativa. Al momento de la derogación, 40 mil personas estaban siendo empleadas bajo la modalidad del empleo por hora según estimaciones del COHEP y la CCIC. El Congreso dio un vacatio legis de 60 días y prohibió a las empresas despedir a las personas que aún trabajaban bajo esa modalidad, aunque según Yibrín muchas empresas ya habían empezado a despedir a sus empleados. [55] Ley de condena al golpe de EstadoEl 4 de febrero se emitió la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos No se Repitan, la cual:[56]
TransparenciaInstalación de la CICIHEn febrero de 2022 la Cancillería de Honduras solicitó apoyo a la Secretaría General de Naciones Unidas para la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). El 10 de mayo llegó una misión para reunirse con funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil, la cual elaboró un informe para el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.[57] Finalmente, el 15 de diciembre de 2022 se firmó en Nueva York un memorándum de entendimiento entre el secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina y el subsecretario de Naciones Unidas, Miroslav Jenča, el cual vencía en 6 meses. El mismo ha sido renovado por 6 meses en cuatro ocasiones, siendo su nueva fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2024.[58] Dicho memorándum establece un plan de cooperación en dos fases, la primera de las cuales consiste en crear en el sistema legal del país las condiciones necesarias para instalar la un mecanismo internacional «imparcial, independiente y autónomo».[59] Como parte del acuerdo, la ONU ha enviado expertos al país en cuatro ocasiones (hasta junio de 2024),[60] siendo la primera visita el 9 de julio de 2023, donde se reunieron con representantes de los tres poderes del Estado.[61] En el numeral 6, punto d del memorándum se señalan algunas condiciones necesarias para instalar la CICIH: reformar el marco legal sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos, derogar el decreto 116-19 que limita las funciones al Ministerio Público y modificar las regulaciones normativas de la Comisión de Banca y Seguros.[59] Aunque extraoficialmente el asesor presidencial, Manuel Zelaya, reconoció que existen 14 condiciones solicitadas por Naciones Unidas, de las cuales se han cumplido nueve; afirmando además esas condiciones son lo ha atrasado la instalación de la CICIH, algo que Xiomara Castro había prometido hacer en sus primeros meses de gobierno.[62] EconomíaEl gobierno de Xiomara Castro enfrentó una gran alza al precio de los combustibles provocada por la invasión rusa de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022; esto a pesar que el gobierno había aprobado ese mismo mes una rebaja de 10 lempiras al galón de combustibles durante ese año.[39] Debido al alto precio que la canasta básica alcanzó durante 2022, el Gobierno, mediante decreto Ejecutivo PCM 04-2022, congeló los precios de 40 productos de la canasta básica del 2 de diciembre de ese año al uno de enero de 2023.[2] Debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán, en los primeros siete meses del 2024 la industria camaronera perdió 43 millones de dólares y 6 mil empleos, según la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah). Dicha ruptura supuso un pago de arancel del 20 % por la entrada de camarón hondureño a Taiwán.[63] Honduras pasó a exportar camarón libre de arancel a la República Popular China desde julio de 2024;[64] país que compra el camarón a 3 dólares menos por kilo de lo que lo hace Taiwán.[65] Política socialEn febrero de 2022, detuvo el desalojo de familias indígenas que se disputaban con un empresario la propiedad de un gran terreno al sur de la capital.[66] Ecologismo y medio ambienteA pesar de que en marzo de 2022 el Gobierno declaró al territorio nacional como «libre de minería a cielo abierto», hasta abril de 2024 la práctica no se ha detenido en el país. Así lo afirman representantes de asociaciones como el Bufete Justicia para los Pueblos o la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras (Renacamih). La representante de Renacamih, Xiomara Gaitán, afirmó además que durante el periodo de gobierno «es cuando más estamos siendo violentados y afectados».[4] Honduras es uno de los pocos países de Latinoamérica que no está adherido al Acuerdo de Escazú, a pesar de la recomendación de organizaciones internacionales, así como de la Red Hondureña por Escazú. En 2023 la relatora de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, Irene Khan, y el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los herechos humanos en el contexto de cambio climático, Ian Fry, instaron a Honduras a firmar el acuerdo.[67] El 26 de marzo de 2022 el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) emitió un «comunicado urgente» donde alertaba sobre la destrucción de un cementerio de la comunidad maya chortí de Azacualpa, municipio de La Unión, Copán; por parte de la empresa Minosa, la cual estaba operando de manera ilegal. También denunció ataques verbales y de represión física por parte de la empresa.[68] La empresa continuó con sus actividades, destruyendo el cementerio.[4] La empresa minera Inversiones Los Pinares del Grupo Emco Holding –presidido por el empresario Lenir Pérez– siguió operando en el país, en la comunidad de Guapinol, del municipio de Tocoa, Colón, donde instaló un mega proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras pese a no contar con ninguna licencia ambiental. Tres ambientalistas que se oponían a ese proyecto fueron asesinados en 2023: Alí Domínguez y Jairo Bonilla en enero, y Óscar Oquelí, hermano mayor de Domínguez, en junio.[4] En enero de 2023 Xiomara Castro inauguró el Programa Ambiental Andrés Tamayo 2023, de prevención de incendios forestales y reforestación que abarcaba 150 de los 298 municipios del país.[69] Asesinato de líderes ambientalistasSegún Front Line Defenders, en 2022 Honduras fue el quinto país a nivel mundial con el mayor número de asesinatos a personas defensoras de los derechos indígenas, la tierra, el territorio y el ambiente; reportando 17 asesinatos.[4] Por otro lado, ese año Global Witness reportó 14 asesinatos a defensores de la tierra y ambiente, posicionando a Honduras en el cuarto lugar.[70] El 2023, la misma organización reportó el asesinato de 18 ambientalistas en Honduras, que pasó a ocupar el tercer lugar. En ambos años Honduras fue el país donde hubo la mayor cantidad de asesinatos de ambientalistas per cápita.[71] Asesinato de Juan LópezUn asesinato que tomó especial notoriedad fue el del líder ambientalista y consejal del municipio de Tocoa, Colón, Juan Antonio López, el 14 de septiembre de 2024, quien fue tiroteado al salir de una iglesia en ese municipio. López, de 46 años, contaba con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde finales de 2023 y era un activista contra el proyecto en el río Guapinol, en Colón, llevado a cabo por la Minera Los Pinares Ecotek. La magnitud del caso se ha comparado con el del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres en 2016.[72][73] Tras el asesinato, la presidenta de la República Xiomara Castro exigió su esclarecimiento en cadena nacional y expresó su solidaridad con los familiares y compañeros de lucha de López. Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) expresó: «El Estado y (el) gobierno de Xiomara Castro de Honduras son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan».[74] Se pronunciaron además la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) exigiendo al Estado hondureño una investigación rápida e imparcial.[72] El 27 de septiembre más de 100 organizaciones de Honduras, Latinoamérica y Estados Unidos se dirigieron en una carta abierta a la presidenta Castro para pedirle tomar acciones en torno al asesinato de López, recomendándole que se apoyara en las instancias internacionales.[75] El asesinato de López, quien además era integrante de la Red Eclesial Mesoamericana, fue condenado por la Conferencia Episcopal de Honduras y el Consejo Episcopal Latinoamericano,[76] y lamentado por el papa Francisco.[77] Solo un día después del asesinato, el sacerdote jesuita y párroco de Tocoa, Carlos Orellana, dijo en su homilía que el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, era el autor intelectual del crimen.[78][79] Estado de emergencia ambientalEl 22 de mayo de 2024 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDF), presidido por la presidenta de la República, emitió una resolución declarando el «estado de emergencia ambiental de los bosques de Honduras, la defensa de las áreas protegidas y las zonas productoras de agua», anunciando una inversión de 242.9 millones de dólares entre 2024 y 2026 para proteger la selva. El CNDF emitió órdenes al Ministerio Público, tales como neutralizar y controlar las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado, investigar el otorgamiento de títulos de propiedad del patrimonio público nacional inscritos ilegalmente en el Instituto de la Propiedad, en especial los que han despojado a las comunidades; y presentar un informe en 7 días.[80] También ordenó a las Fuerzas Armadas aumentar hasta 8,000 soldados en los batallones de protección ambiental y decomisar y destruir la maquinaria que «depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas». Se anunció la anulación de las autorizaciones extendidas por el Instituto Nacional Agrario en áreas forestales y se ordenó el desalojo «de las actividades de agricultura, ganadería, minería, dragado de ríos y construcción de proyectos de urbanización» en el núcleo de las áreas protegidas. Se asignaron 3 jueces de la Corte Suprema de Justicia y tres fiscales del Ministerio Público para penar a quienes comentan delitos ambientales. Se ordenó la creación de la Comisión para la Cero Deforestación y se creó la estrategia Cero Deforestación, que tendrá un presupuesto de mil millones de lempiras (40,5 millones de dólares) en 2024, 2 mil millones de lempiras (80,9 millones de dólares) en 2025 y 3 mil millones (121,5 millones de dólares) en 2026.[81] SeguridadEl 25 de noviembre de 2022, se declaró el estado de emergencia para hacer frente a la criminalidad. Honduras, junto con Guatemala y El Salvador, pertenece al «triángulo de la muerte» de Centroamérica, una región asolada por la violencia, la pobreza y la corrupción.[82] El 3 de diciembre de 2022, el Gobierno de Castro anunció que se suspenderían algunos derechos constitucionales en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para tomar medidas enérgicas contra las bandas criminales en esas dos ciudades, en particular la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Calle 18. Estas pandillas son acusadas de extorsionar a los residentes a cambio de protección contra la violencia y de matar a las personas que se niegan a pagar.[83] El 4 de Julio a 2 de agosto de 2023 tiene el toque de queda para realizar los operativos en Choloma y San Pedro Sula desde 11 p.m. a 4 a.m. con el fin de reducir o eliminar los homicidios y genocidios que ha habido en comunidades y ciudades de Choloma y San Pedro Sula[84] Desde 12 de julio de 2023 suspendió el toque de queda por el despido masivo de empleados y sigue la operación candado pero ampliando a todo el país Política fiscalCon el Tratado de Libre Comercio entre Honduras y China esta presentando al congreso dedicado a sueldos y salarios mediante primas, de trabajo y mantención de niños y jóvenes siendo el primero la red solidaria, becas solidarias y bonos solidarios hasta trabajos solidarios y luego comercializar con BANASUPRO y luego exigir una IVA para migrantes y para hondureños una ISV[85] Y se reducirán de 150% a 120% el IVA y ISV para hacer barato los precios y no gastar tanto impuestos en 2024 por el gobierno de Xiomara Castro Política exterior.jpg) Véase también: Viajes internacionales de la presidenta Xiomara Castro
América LatinaHonduras afianzó sus relaciones diplomáticas con Venezuela, Cuba y Nicaragua. La presidenta Xiomara Castro pidió el cese del bloqueo a Cuba y el cese a las «agresiones» y al bloqueo a Venezuela durante sus discursos ante la ONU pronunciados en noviembre de 2022,[86] noviembre de 2023 y noviembre de 2024. En los dos últimos también pidió el cese al bloque en Nicaragua.[87][88]  ChinaEn marzo de 2023, Honduras estableció relaciones diplomáticas oficiales con la República Popular China, rompiendo, por consiguiente, las relaciones oficiales con la República de China (Taiwán) que mantenía desde 1941.[89] En julio de 2023 inició la primera ronda de negociaciones entre Honduras y China para acordar un Tratado de Libre Comercio (TLC).[90] En febrero de 2024 ambos países firmaron un Acuerdo de Cosecha Temprana que entró en vigencia en septiembre y por el cual Honduras enviaría al país asiático camarón y otros productos libres de aranceles; esto para incentivar el proceso de negociación del TLC. En julio de ese año el Congreso aprobó una ley para posibilitar la entrada directa de camarón hondureño a China sin la necesidad de un TLC.[91] Un par de días después Honduras mandó sus primeras 36 toneladas de camarón.[64] El 15 de octubre el camarón hondureño comenzó a venderse en los mercados chinos.[92] Véase tambiénNotasReferencias
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