El tequila, la primera denominación de origen mexicana.
Los Estados Unidos Mexicanos cuentan con 18 denominaciones de origen (DO), otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que además emite las declaratorias para proteger al producto, registrar la marca y autorizar su uso. No obstante, estas denominaciones no las crea el IMPI, sino que «existen por situaciones de hecho; es decir, primero se usan, son famosas y reconocidas por el público que las consume, y posteriormente, se les protege mediante la declaración correspondiente».[1]
La Secretaría de Economía del Gobierno de México define denominación de origen como: «Nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico».[1]
Ciertos criterios han sido determinados por el IMPI[1] para definir una denominación de origen.
Producto de calidad con características únicas que lo diferencian de otras variedades de su especie.
Estas características son fruto de factores naturales
El producto está asociado a una región particular del país.
En 2013, el diputado federal Abel Salgado Peña (PRI) puso en evidencia en una carta pública[27] las limitaciones que presentan el actual sistema legal que regula las DO en México, además de la falta de planeamiento económico en lo relativo a las DOs:
(...) Por otro lado, la administración de las denominaciones de origen en México presenta limitantes que se traducen en riesgos jurídicos inminentes para las mismas. La regulación actual carece de precisión respecto de las atribuciones sobre la titularidad de las denominaciones de origen y, sobre todo, la determinación de cuál es la dependencia de la administración pública federal que puede ejercer acciones relacionadas con las denominaciones de origen. Nos encontramos en un caso que pudiera definirse como problema práctico de «orfandad» respecto de las Denominaciones de Origen. La solución a lo anterior no es cargar más costos y estructura a la administración pública, cuando existen hoy en día modelos estructurales que han probado funcionar de forma más eficientes como son los Consejos Reguladores.
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