Corrupción en Paraguay

La corrupción en Paraguay es un fenómeno que afecta diversas instituciones y niveles del gobierno, la administración pública y el sector privado del país.[1]​[2]​ A lo largo de las últimas décadas, ha sido un tema recurrente en la política y la sociedad paraguayas, que ha sido objeto de investigaciones tanto a nivel nacional como internacional.[3]​ A pesar de los esfuerzos por combatirla, la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos para el desarrollo y la gobernabilidad del país.[4]​[3]​[5]​[6]​ Diversos índices mundiales pasados sitúan a Paraguay entre los más bajos de Sudamérica, en las mediciones de corrupción, Estado de derecho y crimen organizado, según la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.[6]​ El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional, ubica a Paraguay como el segundo país más corrupto de América del Sur, y lo posiciona 137, entre 180 naciones analizadas.[7]​[6]​ Por su parte, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, sitúa a Paraguay en el octavo puesto, entre diez países evaluados en América del Sur.[8]​[6]​ En tanto, el Índice Global de Corrupción, posiciona a Paraguay en el puesto 140 entre 196 países, y en el noveno lugar de los doce sudamericanos.[6]​ Asimismo, el Índice Global de Crimen Organizado 2023, revela que Paraguay es el cuarto país en el mundo, de 193 naciones analizadas, con mayor criminalidad organizada.[9]​[6]​[10]​

Historia

La corrupción en Paraguay tiene raíces profundas en la historia política del país, exacerbadas por la falta de transparencia, el clientelismo y el control sobre las instituciones del Estado. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), la corrupción fue institucionalizada como parte del régimen, donde se establecieron redes de favores entre funcionarios públicos y empresarios ligados al poder.[11]​[12]​

Después de la caída de Stroessner y el retorno a la democracia, la corrupción siguió siendo una constante en la política paraguaya, con altos niveles de impunidad y la persistencia de prácticas corruptas en diversas áreas del gobierno.[13]​[14]​

Manifestaciones de la corrupción

La corrupción en Paraguay se manifiesta en diversas formas, incluyendo:

• Sobornos: Funcionarios públicos exigen pagos ilegales a empresas y ciudadanos a cambio de favores o servicios.[15]​[16]​[17]​

• Desvío de fondos públicos: Los recursos destinados a obras y programas sociales son mal administrados o sustraídos por agentes públicos.[15]​[17]​

• Nepotismo y clientelismo: Se favorece a familiares y aliados políticos con cargos y contratos dentro de la administración pública.[15]​[17]​

• Lavado de dinero: La utilización de empresas y paraísos fiscales para ocultar el origen ilícito de ciertos fondos.[15]​[17]​

Algunos casos

En la historia reciente de Paraguay, varios casos de corrupción han aparecido en los medios internacionales:

• Operación Berilo (2017): Esta investigación desmanteló una red de sobornos y lavado de dinero que involucraba a funcionarios públicos y empresarios de la construcción. Se descubrió que las autoridades responsables de adjudicar contratos públicos recibían sobornos a cambio de asegurar la asignación de obras.[18]​[19]​[20]​

• La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ha estado involucrada en varios casos de corrupción que implican a exfuncionarios en desvíos de fondos y enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en 2018, Óscar Thomas, exdirector ejecutivo de la EBY, fue acusado de enriquecimiento ilícito relacionado con la construcción de una lujosa mansión en Misiones, Argentina. Se sospechaba que los fondos utilizados para esta propiedad provenían de actividades corruptas durante su gestión en la entidad. En 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al asesor jurídico de la EBY, Juan Carlos Duarte, por su participación en actos de corrupción significativa. Duarte fue acusado de abusar de su posición dentro de la EBY para su beneficio personal.[21]​[22]​[23]​

• La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha estado involucrada en varios casos de corrupción en Paraguay. Uno de los incidentes ocurrió en 2024, cuando Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso y su pareja, Ovidio Ramón Oviedo Brítez, fueron imputados por la apropiación indebida de indemnizaciones destinadas a familias de trabajadores fallecidos de la ANDE. Se descubrió que desviaron una Gs. 725 millones que debía ser entregada a las familias afectadas.[24]​ En enero de 2025, la ANDE intervino suministros en media tensión en Ciudad del Este y otras localidades, detectando irregularidades como conexiones directas y medidores adulterados.[25]​
• El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien ocupó el cargo entre 2013 y 2018, ha sido implicado en múltiples investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero. En julio de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo designó como «significativamente corrupto», señalando su participación en actos de corrupción y obstrucción de una investigación internacional sobre crimen transnacional. Se le acusó de mantener vínculos con organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos. En enero de 2023, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones adicionales a Cartes, prohibiéndole realizar negocios con empresas estadounidenses y acceder al sistema financiero de los Estados Unidos. Estas sanciones también afectaron a varias de sus empresas, incluyendo Tabacos USA, Bebidas USA, Dominicana Acquisition y Frigorífico Chajha. Las autoridades estadounidenses alegan que Cartes utilizó su influencia política y económica para beneficiar a su conglomerado empresarial y desviar fondos públicos, consolidando su poder político y económico a través de prácticas corruptas.[26]​[27]​[28]​[29]​[30]​

Respuestas al problema

A lo largo de los años, Paraguay ha adoptado diversas medidas para combatir la corrupción. Las medidas del presidente Nicanor Duarte Frutos para combatir la corrupción durante su administración, –de 2003 a 2008–, incluyeron el aumento de las penas por evasión fiscal y otras medidas para incrementar los ingresos fiscales, un mayor control del gasto público y una represión al comercio de contrabando y bienes falsificados.[31]​ También destituyó a miembros de la Corte Suprema después de que surgieran acusaciones de corrupción en su contra.[31]​ Se han promulgado leyes para endurecer las penas contra la corrupción y establecer mecanismos de control más estrictos en el sector público. Por ejemplo, la ley 5282/2014 garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y promueve la transparencia gubernamental.[32]​ Se han implementado políticas para aumentar la transparencia, como la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a los ciudadanos acceder a información sobre la gestión pública. El Portal Unificado de Acceso a la Información Pública facilita el acceso a datos gubernamentales.[33]​ Paraguay ha ratificado tratados y acuerdos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que busca fortalecer la cooperación en la lucha contra la corrupción. La ley 977/1996 aprueba esta convención, comprometiendo al país a implementar medidas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción.[34]​[35]​[36]​

Impacto de la corrupción

La corrupción en Paraguay tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y social del país. Desvía recursos que podrían haberse invertido en infraestructura, salud y educación, perpetuando la desigualdad y limitando las oportunidades para muchos paraguayos. Además, la corrupción debilita la confianza en las instituciones gubernamentales y fomenta la desafección de la ciudadanía hacia el sistema político.[6]​

Opinión pública y percepción

Según diversas encuestas realizadas por organizaciones internacionales como Transparency International, la percepción de la corrupción en Paraguay es «alarmantemente alta».[5]​[6]​ A menudo, los ciudadanos perciben que las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción no cumplen con su labor de manera efectiva.[5]​[6]​

Bibliografía

• Jara, S.; de León, A. E. (2019). Corrupción en Paraguay: Análisis y propuestas para su erradicación. Asunción: Editorial de la Universidad Nacional de Asunción. ISBN 978-99925-56-89-1.
• Masi, F. (2016). El clientelismo político y la corrupción en Paraguay. Asunción: Revista de Ciencia Política. ISSN 1814-1263. 18(2), pp. 45-60.
• López, L. (2015). La corrupción en el Paraguay: Un análisis desde la óptica del Derecho Penal. Asunción: Editorial Universitaria. ISBN 978-99925-29-52-4. pp. 123-145.
• González, J. M. (2018). La corrupción y la crisis de legitimidad del Estado en Paraguay. Asunción: Revista de Estudios Latinoamericanos. ISSN 1575-2372.
• Sosa, M. (2020). Transparencia y lucha contra la corrupción en Paraguay. Fundación Democracia y Transparencia. ISBN 978-99925-37-22-0.
• CEAD (2017). Corrupción y políticas públicas en Paraguay: Un análisis de los casos más relevantes. Asunción, Paraguay: Ediciones CEAD. ISBN 978-99925-23-48-2.
• Romero, M. (2016). La corrupción en Paraguay y sus implicancias sociales. Asunción: Revista Paraguaya de Sociología. ISSN 1811-9150.

En inglés

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• Siavelis, P. M. (2000). Political Corruption in Latin America: The Role of Political Parties and State Institutions. Latin American Politics and Society, Cambridge University Press. doi 10.1111/j.1548-2456.2000.tb00038.x.
• Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption, Democracy and Governance: Economic Perspectives. Journal of Politics in Latin America, 10(2), pp. 33-47.
• Santana, J. P. (2001). Corruption and Governance in Latin America: Analyzing Political Corruption in Paraguay. Latin American Politics and Society. Cambridge University Press. ISBN 978-0521708330.
• Peréz, E. M. (2007). The Politics of Corruption: Paradox, Power, and Democracy in Paraguay. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge University Press. ISBN 978-0521763148.
• García, A. (2003). State Capacity, Corruption, and Political Governance in Paraguay. Harvard Kennedy School Working Paper. doi 10.2139/ssrn.923130.
• López, J. C. (2008). Corruption and Economic Development in Paraguay. Inter-American Development Bank. ISBN 978-1931003241.

Referencias

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2. «Propuesta de Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción». Participa Paraguay. Consultado el 25 de enero de 2025. 
3. «Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción» (PDF). Participa Paraguay. 2023. Consultado el 24 de enero de 2025. 
4. «Normativas y pronunciamientos sobre corrupción y derechos humanos» (PDF). Corte Suprema de Justicia - Poder Judicial. Consultado el 24 de enero de 2025. 
5. «Para combatir la corrupción, Paraguay necesita una agenda nacional a favor de la integridad». Transparency International. 25 de octubre de 2012. Consultado el 24 de enero de 2025. 
6. Ostfield, Marc (11 de diciembre de 2023). «La impunidad puede y debe ser combatida». Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Consultado el 24 de enero de 2025. 
7. «2022 Corruption perception». Transparency International (en inglés). Consultado el 25 de enero de 2025. 
8. «Índice de Capacidad Para Combatir la Corrupción» (PDF). Americas Quarterly (en inglés). Consultado el 25 de enero de 2025. 
9. «Colombia, México y Paraguay entre los países con mayor criminalidad del mundo». Mentu. 2 de octubre de 2023. Consultado el 25 de enero de 2025. 
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11. «La corrupción en Paraguay y su institucionalización con Stroessner». Última Hora. 30 de julio de 2021. Consultado el 25 de enero de 2025. 
12. Smink, Veronica (3 de febrero de 2019). «Cómo el régimen de Alfredo Stroessner convirtió a Paraguay en uno de los países». BBC News Mundo. Consultado el 25 de enero de 2025. 
13. «La dictadura de la corrupción sigue intacta». ABC Color. 3 de febrero de 2023. Consultado el 25 de enero de 2025. 
14. «Afirman que corrupción paraguaya persiste a 35 años de dictadura». Prensa Latina. 1 de febrero de 2024. Consultado el 25 de enero de 2025. 
15. «Informe panorámico anticorrupción» (PDF). Red Anticorrupción Latinoamericana. Consultado el 25 de enero de 2025. 
16. Carlos Tablante; Mariela Morales Antoniazzi, eds. (2018). Impacto de la corrupción en los derechos humanos (PDF). México: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. p. 142. 
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• Datos: Q5173084