Pena de muerte en el PerúLa pena de muerte en el Perú se aplicaba en caso de traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, motín y deserción en tiempos de guerra. La pena de muerte en el Perú ha sido utilizada hasta 1979. Ese mismo año, se abolió para los delitos comunes.[1][2] En 1856, la pena de muerte ya se había abolido, pero esta se restableció en 1933 para criminales hasta 1979.[3] Si bien se abolió, en 1993 se incluyó en el delito de terrorismo cuando el país afrontaba tiempos de guerra.[4] UsosLa pena capital fue legal solo durante tiempos de guerra internacional o terrorismo, con numerosas restricciones. Las sentencias de muerte durante este tiempo se les permitía por delitos específicos, y solo pudieron ser impuestas por los tribunales militares durante los estados de guerra. Regulación jurídicaEn 1978 Perú se unió al pacto de San José, lo que vuelve inaplicable legalmente.[5] Esto se aplicó oficialmente en la Constitución de 1979, en que la pena de muerte fue abolida.[6] Posteriormente, la pena de muerte está en el ordenamiento jurídico peruano, se encuentra en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.
Propuestas de restitución de la pena capitalEl gobierno de Alberto Fujimori propuso restablecer la pena de muerte para procesar a condenados por terrorismo, que se aplicaría posteriormente en la Constitución de 1993.[8] El monseñor Luis Bambarén y el analista Miguel Rodríguez Mackay también se mostró a favor.[9][10] Además, presidentes como Alan García[11] y Dina Boluarte[12] se mostraron a favor de implementarla, aunque esta última prefirió procesar a agresores sexuales. El abogado penalista Alfredo Galindo Peralta señaló que las propuestas de restituir la pena de muerte son a menudo «populistas», ya que el Tribunal Constitucional lo declararía inconstitucional y contraviene el Pacto de San José.[13] En general, varios partidos políticos intentaron retirar el acuerdo internacional del país al considerarlo beneficioso para los sentenciados por delitos contra la vida.[14][15][16][10][17] En determinados casos, intentaron estigmatizar a la CIDH para romper ese pacto, acusándola de «izquierda caviar». Entre los promotores se encuentran a Keiko Fujimori[18] y varios partidos conservadores, incluido Acción Popular en 2023.[19][20] AplicaciónEntre los años 1957-1979 fueron ejecutados 12 hombres.[21] En la mayoría de los casos por cometer genocidio e infanticidio.
Referencias
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