Ley sobre represión de la masonería y del comunismo
La Ley sobre represión de la masonería y del comunismo fue una norma jurídica dictada en España por Francisco Franco, como jefe del Estado, el 1 de marzo de 1940. La ley se encuadra dentro del entramado franquista de represión tras el final de la guerra civil.[1][2] ContenidoDe acuerdo con la ley, constituía delito el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refería la propia ley (artículo 1). Consideraba masones a todos los que hubieran ingresado en la masonería y no hubieran sido expulsados o no se hubieran dado de baja de la misma. A los efectos de la Ley se consideraban comunistas los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, trotskistas o similares (artículo 4). Castigaba también la ley toda propaganda que exaltase los principios o los beneficios de la masonería o del comunismo o difundiera ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales para las cuales preveía la supresión de los periódicos que la patrocinasen, incautación de sus bienes y pena de reclusión mayor para los culpables, y de reclusión menor para los cooperadores. Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas, sus bienes se declaran confiscados y se ponían a disposición de la jurisdicción de responsabilidades políticas. Como castigo se preveía la separación definitiva del cualquier cargo del Estado, corporaciones públicas y de cualquier entidad pública así como de los consejos de administración y de la dirección de empresas privadas. Igualmente serían sometidos adicionalmente a la imposición de sanciones de carácter económico de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Políticas. Declaración retractaciónLa ley establecía la obligación de los que hubieran pertenecido a la masonería o al comunismo de formular una declaración retractación en el plazo de dos meses tras la entrada en vigor de la ley (artículo 7) conforme al modelo que se estableció en la La Orden de la Presidencia del Gobierno de 30 de marzo de 1940 y que contenía:[3]
CanónigaA la citada retractación se debía añadir una declaración de fe católica debidamente firmada que existieron al principio de la posguerra, que se unía en alguno casos al expediente y que con algunas variaciones era la siguiente:[4][5]
Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el ComunismoPara juzgar estos delitos, la ley estipuló la creación de un tribunal especial el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo que perduró hasta 1963. Para los casos de militares profesiones de categoría igual o superior al de oficial del Ejército eran competentes los Tribunales de Honor. Referencias
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