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Emilio Hellín Moro
Emilio Hellín Moro (Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, 8 de abril de 1947) es un terrorista español conocido por ser un asesino convicto que ha trabajado como asesor de las fuerzas de seguridad y cuerpos de policía de España y Paraguay. Emilio Hellín era miembro del partido político de ultraderecha Fuerza Nueva cuando fue condenado a 43 años de prisión, junto con otros cinco miembros del grupo 41 del Batallón Vasco Español, por el secuestro y la autoría material del asesinato el 1 de febrero de 1980 de Yolanda González Martín, militante del Partido Socialista de los Trabajadores a la que sus asesinos vincularon a la organización terrorista ETA.[1][2][3] Este crimen, acontecido durante un periodo de tensiones políticas en los primeros años tras el inicio de la Transición Española, causó gran conmoción en el país.[4] A los siete años de cárcel disfrutó de un permiso penitenciario, muy controvertido,[3] que aprovechó para fugarse a Paraguay, con documentación legal y con toda su familia. Allí recibió protección del régimen militar de Alfredo Stroessner,[5] para el que trabajó en la adecuación de su sistema policial a las nuevas tecnologías de entonces, hasta que su paradero fue descubierto por la revista Interviú. Detenido por la Interpol en julio de 1989, fue entregado a España en septiembre de 1990. En 1996, tras salir de prisión, cambió su nombre y publicó un perfil profesional como «Luis Enrique Helling»[6] y, como desveló una investigación periodística del diario El País, trabajó como asesor para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, participando en investigaciones criminales e impartiendo cursos en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático hasta 2011.[7] Tras estas revelaciones, varios grupos parlamentarios presentaron una proposición no de ley para que el Ministerio del Interior investigara el establecimiento de la relación profesional de Hellín con las fuerzas y cuerpos de policía.[8][9] En 2021 fue contratado como perito informático por la defensa de Cristina Cifuentes, imputada en el 'caso máster'.[10] En 2022 fue contratado como perito informático por el abogado Gonzalo Boye para testificar en defensa de Laura Borràs, presidenta del Parlamento de Cataluña hasta ese mismo año y acusada de malversación de fondos públicos.[11] Referencias
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