La declaración de emergencia pública en la Argentina es un acto del Congreso en el que usualmente se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de reorganizar determinados servicios administrativos o redistribuir recursos financieros para el cumplimiento de ciertas obligaciones.
Historia
Desde la restauración democrática de 1983, se ha declarado la emergencia sanitaria nacional en tres situaciones:
- 1992: la epidemia de cólera desatada en Perú se extendió en casi toda Sudamérica, y el primer caso argentino se registró en la Provincia de Salta. El presidente Carlos Menem declaró la emergencia sanitaria el 6 de febrero y estableció un Programa Especial de Lucha contra el Cólera.[1]
- 2002: como consecuencia de la grave crisis económica y financiera que afectó al país al comienzo del milenio, el congreso sancionó la Ley Nº 25.561 que declaraba la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria delegando facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. En este contexto, el presidente Eduardo Duhalde dictó un decreto de necesidad y urgencia declarando también la emergencia sanitaria nacional.[2] Estaba motivada en la insuficiente provisión de medicamentos y otros insumos críticos, así como la crisis financiera que afectó tanto a los financiadores de servicios de salud como las obras sociales como a los prestadores, particularmente la red de clínicas y sanatorios privados. Para ello, se creó el Programa Remediar de suministro de medicamentos esenciales, se definió el PMO de emergencia, se destinaron partidas presupuestarias específicas para la compra de medicamentos y se modificó el porcentaje de contribución al Fondo Solidario de Redistribución de la Seguridad Social que, entre otras funciones, tiene el reintegro a la seguridad social por medicamentos de alto costo, actualmente es el Sistema Único de Reembolso (SUR).
- Ese Decreto de Emergencia Sanitaria fue prorrogado año tras año, junto a la Ley de Presupuesto. Por lo que durante 17 años se mantuvieron vigentes y operativos todos los objetivos y programas, incluyendo el diferimiento de las cargas patronales para los prestadores privados y las exenciones aduaneras para un listado específico de medicamentos e insumos. Eso le permitió al gobierno argentino establecer un programa de acción para controlar la epidemia de dengue y fiebre amarilla en 2009, junto a la emergencia del virus A H1N1 y el inicio de la pandemia de influenza.
- 2019: La Ley 27.541, llamada “Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Aunque la emergencia sanitaria inicialmente estaba orientada al tratamiento de los casos registrados de sarampión y dengue, pronto se sumaría una pandemia. El 12 de marzo de 2020, en el marco de la pandemia desatada por el coronavirus (Covid-19), el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que ampliaba la emergencia sanitaria aprobada por el Congreso, otorgando facultades administrativas extraordinarias al Ministerio de Salud Pública, reorganizando los servicios de transporte masivo y estableciendo un marcos de deberes de cooperación en cabeza de la ciudadanía y demás autoridades.[3]
Véase también
Referencias
