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Crisis constitucional En ciencia política, una crisis constitucional es un problema o conflicto en la función de un Gobierno que la constitución política u otra ley rectora fundamental se percibe como incapaz de resolver. Existen diversas variantes de esta definición. Por ejemplo, una la describe como la crisis que surge del fracaso, o al menos de un fuerte riesgo de fracaso, de una constitución en el desempeño de sus funciones centrales.[2] La crisis puede deberse a diversas causas. Por ejemplo, un gobierno puede querer aprobar una ley contraria a su constitución; la constitución puede no ofrecer una respuesta clara para una situación específica; la constitución puede ser clara pero puede resultar políticamente inviable seguirla; las propias instituciones gubernamentales pueden flaquear o no estar a la altura de lo que la ley les prescribe que sean; o los funcionarios del gobierno pueden justificar el hecho de evitar hacer frente a un problema grave basándose en interpretaciones estrechas de la ley.[3][4] Algunos ejemplos concretos son la crisis constitucional del voto de color en Sudáfrica en la década de 1950, la secesión de los estados del sur de Estados Unidos en 1860 y 1861, la destitución del gobierno federal australiano en 1975 y la transición española (puede entenderse como una crisis constitucional entre las Leyes Fundamentales del Reino y la Constitución española de 1978). Las crisis constitucionales pueden surgir de conflictos entre distintos poderes del Estado, conflictos entre el gobierno central y los gobiernos locales, o simplemente conflictos entre diversas facciones de la sociedad. En el curso de un gobierno, la crisis se produce cuando una o más de las partes de una disputa política deciden voluntariamente violar una ley constitucional, incumplir una convención constitucional no escrita o discutir la interpretación jurídica correcta de la ley constitucional violada o de la costumbre política incumplida. Así lo demostró el caso XYZ, en el que un contingente de comisarios estadounidenses enviados para preservar la paz entre Francia y Estados Unidos sobornó a funcionarios franceses.[5] El incidente se publicó en la prensa estadounidense y creó una crisis de política exterior que precipitó la aprobación de las Leyes de Extranjería y Sedición. La oposición a estas leyes en forma de las Resoluciones de Virginia y Kentucky alegó que violaban la libertad de expresión y exhortó a los estados a rechazar su aplicación, ya que violaban la Constitución.[5] Véase también
Referencias
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