Constitución austriaca de 1934

La Constitución austriaca de 1934 fue la ley fundamental del periodo autoritario de la Primera República austriaca. De carácter autoritario y corporativista, se proclamó el 1 de mayo de 1934 y estuvo vigente hasta la anexión alemana de Austria en marzo de 1938.

Características

La nueva Constitución proclamada por el canciller austriaco Engelbert Dollfuss, era confesional —católica— y tenía diversas influencias, entre ellas, la del fascismo italiano.[1]​ Sustituía a la anterior Constitución democrática vigente desde la posguerra y debía servir de complemento al sistema de gobierno autoritario basado en el partido único creado por Dollfuss, el Frente Patriótico.[2]

La ley creaba cinco organismos consultivos, de escasas prerrogativas.[3]​ Entre ellos se contaba el Consejo de Estado, especie de Senado formado por entre cuarenta y cincuenta miembros elegidos por el presidente de la república, que debía evaluar las leyes a petición del Gobierno, en colaboración con otras tres juntas: el Consejo Cultural Federal, el Consejo Económico Federal y el Consejo Provincial.[3]​ El Consejo Cultural Federal debían formarlo entre treinta y cuarenta representantes de las distintas confesiones religiosas, autoridades educativas y personalidades de la cultura y la ciencia austriacas.[4]​ El Consejo Económico Federal, por su parte, debían formarlo entre setenta y ochenta personas, representantes de las siete agrupaciones profesionales que establecía la Constitución: la de agricultura y bosques, la de industria y minería, la de artesanos, la de comercio y comunicaciones, la de banca, crédito y seguros, la de las profesiones liberales y la de funcionarios.[4]​ El Consejo Provincial lo formaban los ocho presidentes de las distintas provincias, el alcalde de Viena y los asesores económicos de las provincias y la capital.[4]

Estas juntas creadas por la Constitución tenían carácter meramente consultivo y únicamente podían analizar las leyes que les presentase el Consejo de Ministros.[4]​ Entre las cuatro, elegían a cincuenta y nueve de sus miembros, que constituían la Dieta Federal.[4]​ Esta podía rechazar los proyectos de ley gubernamentales, pero no proponerlos; el Gobierno contaba, en todo caso, con la capacidad de legislar por decreto, sin el beneplácito de la Dieta.[5]

Referencias

  1. Brook-Shepherd, 1961, p. 156.
  2. Brook-Shepherd, 1961, p. 157.
  3. a b Brook-Shepherd, 1961, p. 158.
  4. a b c d e Brook-Shepherd, 1961, p. 159.
  5. Brook-Shepherd, 1961, p. 159-160.

Bibliografía