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Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) es una organización internacional de carácter intergubernamental fundada en 1992 en Madrid, España, donde actualmente tiene su sede. Este organismo creado mediante el "Tratado de Madrid", reúne a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones que participan en las Cumbres Iberoamericanas: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. La finalidad de esta organización es la del estudio y promoción de las posibles formas de cooperación jurídica entre los países miembros, el desarrollo de la conversión institucional, así como la cooperación por una evolución de políticas de Justicia en la Comunidad Iberoamericana. Entre sus diferentes objetivos constitutivos se encuentra la elaboración de programas de cooperación, adopción de Tratados jurídicos y resoluciones o recomendaciones a los distintos Estados miembros y la promoción de consultas entre estos a través de la designación de Comités de Expertos. En 2004, por una iniciativa conjunta de la COMJIB, la AIAMP y la Cumbre Judicial Iberoamericana, se creó la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed[1], que hoy reúne a más de 100 instituciones de Justicia de 24 países. El instrumento internacional de mayor alcance creado por la COMJIB es el Tratado de Medellín, en vigor desde mayo de 2022, que agiliza la cooperación jurídica internacional y que está abierto a adhesión por parte de cualquier país del mundo. HistoriaFue creado en Madrid, en septiembre de 1970, durante la creación de la conferencia de Ministros de Justicia de los países hispano-luso-americanos y Filipinas, como una estructura informal de colaboración por el “Acta de Madrid “.Los representantes de 20 países, reunidos en Madrid, sellaron la voluntad de concertar un ámbito común para promover la cooperación jurídica internacional a través de: el estudio de proyectos legislativos, el intercambio de información sobre prácticas adoptadas por los ministerios en la administración de Justicia y el ámbito registral y la creación de programas para mejorar la gestión en materia penitenciaria. En ese encuentro que se celebró entre el 16 y 19 de septiembre de 1970 (Conferencia de Madrid I [nota 1]), los representantes de los países miembro se comprometieron a mantener reuniones cada dos años apoyados por dos órganos permanentes: la comisión delegada y la secretaría a cargo del Ministerio de Justicia de España. 1970 -1979 Durante esta primera década de vida, la Conferencia trabajó en la elaboración de un repertorio legislativo de los países hispano-luso-americanos y Filipinas y el desarrollo de 5 tratados internacionales: Convenio sobre la información en materia jurídica (II conferencia de Brasilia,1972), Convenio sobre auxilio judicial (II Conferencia de Brasilia,1972), Convenio sobre ejecución de sentencias civiles y laudos arbitrales (IV Conferencia de Caracas,1978), Convenio de expedición de extractos de acta de registro civil (IV Conferencia de Caracas,1978) y convenio sobre simplificación del requisito de legalización (III Conferencia de Buenos Aires,1975). 1980-1989 Durante los 80, la Conferencia se aproximó más a su configuración iberoamericana con una activa participación de los países latinoamericanos, más Portugal y España. Destaca la aprobación de la Ley de Arbitraje (V Conferencia de Lima,1981) y la propuesta de constitución de un centro regional de Arbitraje. En la VI Conferencia de Lisboa de 1984 se aprobó la creación de un registro central de condenas por delitos de tráfico de drogas impulsado por España, Convenio sobre antecedentes penales y de información sobre condenas judiciales por tráfico ilegal de estupefacientes, en vigor. En 1988, durante la VII Conferencia celebrada en Acapulco se decidió dar un paso más para su consolidación. Se acordó trasformar su naturaleza jurídica para convertirla en un organismo internacional permanente, a raíz de los progresos alcanzados y con el propósito de promover la cooperación jurídica. El Ministerio de Justicia de España ofreció el desarrollo de un registro central de condenados por tráfico de drogas. 1990-1999 En la década de los 90 se constituyó oficialmente la COMJIB como organismo con personalidad jurídica Internacional. Para ello se adoptó en octubre de 1992 el tratado constitutivo del organismo, en la conferencia extraordinaria convocada por el Ministerio Español y celebrada en Madrid (IX Conferencia de Madrid). Así la COMJIB se convirtió en el único organismo especializado sectorial en materia de Justicia en la región de Iberoamérica. En esta misma década se crearon diez comisiones de expertos sobre: Delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes; Tratados: de protección jurídica de la familia y del menor; extracto de actas del registro civil; cooperación transfronteriza penal; sistema uniforme de ejecución de sentencias y laudos arbitrales; Registro central de condenas por delitos de drogas; Protección de datos personales; Genoma humano; y arbitraje.( VIII Conferencia de Buenos Aires, 1990 ; X Conferencia de Cartagena de Indias, 1994; XI Conferencia de Lisboa, 1998). Destacó también la entrada en vigor del régimen legal del Registro central de condenas, en 1992 (IX conferencia de Madrid) y la reunión de penalistas para desarrollar el Código Penal Iberoamericano en la VIII Conferencia de Buenos Aires en 1995. A partir de este momento, empezó a incrementar la actividad interplenaria, es decir la realización de eventos promovidos por la Secretaría General. 2000-2009 En la primera década del siglo XXI la COMJIB adquirió un mayor grado de institucionalización que se refleja en la realización de 5 reuniones ministeriales plenarias en todo el espectro geográfico de la conferencia: el Caribe, región Andina, Sudamérica, La península ibérica y Centroamérica. Además, la suscripción del acuerdo de sede de la secretaría permanente de Conferencia con España y de un memorándum de entendimiento con la SEGIB, en 2006, permitió fortalecer la Secretaría General con la constitución de un equipo técnico y la disponibilidad de una oficina propia. Hasta esa fecha la secretaría permanente estaba residenciada en el Ministerio de Justicia Español. Posteriormente se crearon dos institutos vinculados a la COMJIB (que también cuentan con la participación de otros socios). Por un lado IberRed la rede cooperación jurídica internacional civil y penal, de la que participan la Cumbre Judicial Iberoamericana y la AIAMP, y por otro lado el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ), aprobado por la Cumbre Iberoamericana de jefes del Estado y Gobierno de Guadalajara en 2010 y cuya unidad técnica es la COMJIB. La constitución de IberRed en 2004 marcó una nueva etapa en el quehacer de la conferencia, posicionando la cooperación jurídica internacional y el combate a la delincuencia organizada como uno de sus ámbitos claves de actuación. IberRed aglutina a más de 100 instituciones iberoamericanas, incluyendo Ministerios Públicos y Fiscalías, Cortes supremas y cancillerías y la COMJIB aumentó su capacidad institucional ampliando su suscripción en memorándums de entendimiento con otros organismos como ILANUD, Interpol o Eurojust. La secretaría de la COMJIB asumió la secretaría de IberRed con el acuerdo de la Cumbre Judicial Iberoamericana y la AIAMP. En 2008 quedaron constituidas las líneas de trabajo que se aproximan a las actuales: Acceso a la Justicia; Reforma de los sistemas penales; Impunidad, seguridad y justicia; Sistemas penitenciarios; Nuevas tecnologías; Cooperación jurídica; Violencia de género. En 2009, durante la reunión de la comisión delegada celebrada en mayo en Lisboa, se impulsó bajo el liderazgo de Portugal un acuerdo tipo para la transferencia de nuevas tecnologías entre los Ministerios de Justicia y se aprobaron, en la Declaración de Lisboa[2] , las bases para el Convenio Iberoamericano sobre el uso de videoconferencia en cooperación jurídica entre sistemas de Justicia. Así, se celebró en San Salvador la I Feria de nuevas tecnologías aplicadas a la administración de Justicia. 2010-2017 En 2010, durante la XVI Conferencia de México se aprobó el texto del Convenio Iberoamericano sobre uso de la videoconferencia en la cooperación Jurídica entre sistemas de Justicia y Protocolo, se lanzó el Portal Iberoamericano de Justicia Electrónica (PIAJE nota 2), promovido por Portugal y se abrió una oficina de la COMJIB en Buenos Aires. Se firmó también el convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España que continuará financiando, a partir de ese momento, los planes operativos anuales aprobados por la COMJIB y la AECID. En 2013 se aprobó y abrió a la firma el Convenio Iberoamericano sobre equipos conjuntos de investigación y se lanzó la propuesta de Convenio sobre cooperación, prueba, jurisdicción y competencia en materia de ciberdelincuencia. En 2015 entró en vigor el Acuerdo de extradición simplificada entre España, Portugal, Brasil y Argentina y en el mismo año se aprobó la Declaración de Justicia Juvenil Restaurativa, el Protocolo Regional de Atención a las Víctimas de Violencia de Género y el Plan Iberoamericano de modernización y Nuevas Tecnologías. La COMJIB intensificó su actividad técnica propiciado por la alianza con el programa EUROsociAL[3] II, a partir del año 2012. Se implementaron 4 proyectos regionales: sobre reinserción social, sobre violencia de género, sobre métodos de resolución alterna de conflictos y sobre lucha contra la corrupción. Este último tema se debatió en la XVI Conferencia de Viña del Mar[4] y se aprobaron las Recomendaciones sobre la sanción penal de la corrupción en el comercio internacional y armonización de la legislación penal en materia de corrupción entre funcionarios públicos. Dentro de línea de trabajo de acceso a la Justicia se constituyó la Red FLASMAC de resolución alternativa de conflictos y en 2014 la COMJIB se integró como socio de honor del Centro Iberoamericano de Arbitraje. En la Conferencia de Santo Domingo[5] de 2015, se aprobaron las Recomendaciones sobre armonización de la legislación sobre el tráfico de drogas. Entre el año 2015 y 2016, la COMJIB también contribuyó a la elaboración de los proyectos de Códigos Penales de Honduras y Costa Rica, con el apoyo de la AECID. Y en 2016 la COMJIB logró el estatuto de observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2018-2023 En el año 2018 se celebraron dos Asambleas Plenarias extraordinarias, la primera por la situación financiera del organismo y la segunda como consecuencia de la renuncia del Secretario General Arkel Benítez nota 3 En la Asamblea Extraordinaria de La Antigua se presentaron 11 iniciativas financieras por la Secretaría General. Se apoyó la discusión sobre los Principios de Política Criminal abordados previamente en la reunión ministerial en Colombia en marzo de 2018. En este mismo año en la sesión extraordinaria se acogió a Andorra como nuevo miembro de IberRed. Se ratificaron las 5 líneas de trabajo actuales de la COMJIB: Acceso a la Justicia y sinergias con el PIAJ nota 4 ; Modernización de la administración de Justicia; IberRed y lucha contra la delincuencia organizada Internacional; Reforma de los Sistemas Penitenciarios; Equidad de Género. La XIX Asamblea Plenaria de Medellín, en 2019, constituyó la apertura de un nuevo ciclo para el organismo. Se aprobó un nuevo reglamento de funcionamiento financiero, el código ético, el organigrama de la COMJIB (se eligió por decisión unánime a Enrique Gil Botero como Secretario General). Ocho países firmaron el tratado relativo a la Transmisión Electrónica de solicitudes de Cooperación Internacional entre Autoridades Centrales, conocido como el Tratado de Medellín. El trabajo del nuevo equipo de la Secretaría se centró en el desarrollo de Iber@, la plataforma que permite la actividad de IberRed nota 5y garantizar la operatividad del Tratado de Medellín. La actividad de las líneas de trabajos se vio reactivada en 2019, con la celebración de varias reuniones, como la reunión de trabajo de la línea de cooperación jurídica Internacional, en el centro de Cooperación Española de la AECID de La Antigua. En 2020 las reuniones presenciales se vieron interrumpidas como consecuencia de la pandemia, por lo que se optó por las reuniones virtuales. Las reuniones reglamentarias previstas para ese año, como la reunión de coordinadores Nacionales o de la Comisión Delegada , se llevaron a cabo virtualmente. Actualmente el Secretario General de la COMJIB es Enrique Gil Botero, nombrado por decisión unánime en la XIX Asamblea Plenaria celebrada en Medellín en 2019. En octubre de 2021 en Tenerife se produjo el primer encuentro de Ministros de Justicia de habla española y portuguesa (COMJIB y CMJPLOP[6]), inaugurado por el rey Felipe VI acompañado por la ministra de Justicia, Pilar Llop y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, entre otras autoridades con el apoyo del Consejo del Notariado Español . Los ministros de los países de lengua española y portuguesa en América, África, Europa y Asia afirmaron en la Declaración de Tenerife nota 6 que el encuentro para la cooperación constituyó un primer paso hacia la construcción progresiva de bases firmes en la lucha contra todas las formas de delincuencia entre los respectivos países miembros, teniendo en cuenta que la delincuencia contemporánea es global. Durante la XIX Asamblea Plenaria de Medellín[7] se acordaron los siguientes elementos que componen el Plan de Acción 2020-2022: Acceso a la Justicia y sinergias con el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, liderado por Chile; Nuevas tecnologías aplicadas a la administración judicial liderada por Portugal; Cooperación jurídica internacional e IberRed liderada por España; Reforma penitenciaria liderada por República Dominicana e Igualdad de género liderada por Colombia y Cuba. Además, se propuso considerar aspectos de anticorrupción, ya sea horizontalmente en todas las líneas de negocio o como un eje independiente. El 21 de julio de 2022 se celebró, de forma virtual, la XXII Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, en la que participaron delegaciones de 20 Estados miembros de la COMJIB: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Dado el atraso en celebración (prevista para el año 2021) de esta reunión plenaria, causado por la pandemia del COVID-19, la próxima, XXIII Asamblea Plenaria de la COMJIB será organizada con el apoyo del Ministerio de Justicia de España ya en 2023. Estados miembros e Institución representante
De los miembros asociados:
Estructura y organizaciónLa Secretaría General de la COMJIB funciona también como Secretaría General de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) de acuerdo con sus estatutos fundacionales. IberRed es un proyecto tripartito que reúne a tres actores principales del poder judicial iberoamericano con capacidades de cooperación jurídica internacional: la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI)[8], la Asociación Iberoamericana de Fiscales (AIAMP)[9] y la COMJIB. En los últimos años, la COMJIB e IberRed han firmado importantes acuerdos de cooperación con otras organizaciones y agencias, como ONU Mujeres, Comisión Europea de Justicia, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), el Ministerio Público y del Ministerio Público de las Américas (RECAMPI)[10], Red Europea de Justicia en Materia Penal (EJN)[11], Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), INTERPOL, Fundación CEDDET[12], Corte Interamericana de Derechos Humanos entre otros. Secretario GeneralEl secretario general, Enrique Gil Botero es quien dirige, de forma organizativa la COMJIB. Su labor consiste en impulsar, desarrollar y hacer un seguimiento a las vías de acción acordadas en las diferentes Asambleas Plenarias. En la actualidad la labor del Secretario General está centrada en las líneas de políticas públicas de justicia, entre las que destaca la de cooperación jurídica internacional con la puesta en marcha del Tratado Relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales, conocido como Tratado de Medellín. Bajo su mandado se han realizado mejoras en la plataforma de IberRed, denominada Iber@, se han revitalizado las cinco líneas de trabajo de la COMJIB y en colaboración con las Secretarias Generales Adjuntas ha dotado a la Secretaría General Permanente de nuevas herramientas regulatorias para una mejor capacidad de gestión y transparencia. Secretarios Generales de la COMJIB
Órganos de Gobierno● La Asamblea Plenaria es una reunión en pleno realizada cada dos años de todos los Ministros y Ministras de Justicia e instituciones homólogas de los 22 países, en la que se llevan a cabo las decisiones más importantes en materia de gestión propia de la COMJIB además de la aprobación de documentos y declaraciones en cuanto a materia de Justicia en la región y se eligen los órganos de gobierno. ● La Comisión Delegada es quien representa la Conferencia mientras ésta no se reúne y se responsabiliza de hacer un seguimiento de las tareas de la Secretaría General Permanente. Internamente, está formada por 5 países (Cuba, España, Paraguay, Portugal y Uruguay), cuyos miembros son elegidos por el período de 4 años. ●Las Secretarías Generales Adjuntas son quienes acompañan la gestiones del secretario general y forman parte de la Secretaría General Permanente. En la actualidad son los Coordinadores Nacionales de Chile, España y Portugal. ●Los Coordinadores Nacionales son los diferentes puntos de contacto que están designados por cada Estado. Su función consiste en la preparación, ejecución y seguimiento de las actividades de la Conferencia a través de una fluidez comunicacional, en una reunión reglamentaria una vez al año Niveles de IntervenciónLa COMJIB actúa siguiendo 3 diferentes niveles de intervención: 1.º Nivel de cooperación jurídica internacional: En este nivel la secretaría general se encarga de la promoción del diálogo y la cooperación, fomentando la colaboración entre los países. 2.º Nivel de acuerdos iberoamericanos: El siguiente nivel consiste en la promoción de acuerdos básicos entre los países de la región para llevar a cabo una continuidad y coherencia en las diferentes políticas públicas que han sido desarrolladas por los Ministerios de Justicia e instituciones pertinentes. 3.º Nivel de desarrollo de políticas públicas: Este nivel, como su propio nombre indica, consiste en el desarrollo y gestión de proyectos específicos para la intervención y soporte a los países con lo relacionado con las políticas públicas desarrolladas en sus respectivos países, como por ejemplo en el diseño e implementación de éstas. En la XXI Asamblea Plenaria en 2019 llevada a cabo en la ciudad de Medellín (Colombia) se decide la priorización de ciertas líneas coordinadas por diferentes Estados miembros, confirmados por la XXII Asamblea Plenaria en 2022: L1. Acceso a la Justicia y sinergias con el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia (PIAJ). L2. Nuevas tecnologías aplicadas a la administración de Justicia. L3. Cooperación jurídica internacional, IberRed y lucha contra la delincuencia organizada trasnacional. L4. Reforma de los sistemas penitenciarios y su comité. L5. Equidad de Género. Organismos Ibero-americanosEl Sistema Iberoamericano está formado por los veintidós países miembros, la Secretaría General Iberoamericana y los Organismos Iberoamericanos Sectoriales que son: la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la COMJIB (Conferencia de ministros de Justicia de los países iberoamericanos). El CODEI (Comité de Dirección Estratégica de los Organismos Iberoamericanos) fue creado en 2015. Todo ello, conlleva al cumplimiento del mandato de la XXIV cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Veracruz en 2014, poniéndose en marcha los acuerdos decididos por los 5 Organismos Iberoamericanos. El CODEI está formado por los secretarios generales de los 5 Organismos Iberoamericanos, cuyos objetivos son:
Referencias
Notas1.Conferencia de Madrid, septiembre de 1970, es la primera conferencia llevada a cabo por los Ministros de Justicia de los países hispano-luso-americanos y Filipinas (el antecedente a la actual COMJIB). 2.Proyecto de la COMJIB, ofrece información sistematizada acerca de los recursos de que dispone cada país en justicia electrónica, tratando de ofrecer más contenidos prácticos para la cooperación jurídica internacional. El PIAJE de 2022 añade una nueva sección con mayores funcionalidades que permiten que las líneas de trabajo dispongan de un espacio de trabajo colaborativo, necesidad que se puso de especial manifiesto durante 2020 y 2021 ante la virtualidad impuesta por la pandemia del COVID-19. 3.Arkel Benítez, fue designado Secretario General de la COMJIB en 2015 en la XVII Asamblea Plenaria de Santo Domingo. Durante su mandato, la COMJIB logró el estatuto de Observador de Naciones Unidas. 4.PIAJ; Aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Mar del Plata, 3 y 4 de diciembre de 2010), según mandato de la XVII Reunión Plenaria de Ministros de Justicia, en México, en octubre 2010. El objetivo es promover un mayor acceso a la justicia en Iberoamérica, especialmente de los grupos más vulnerables, a través de un fortalecimiento de las políticas públicas de los gobiernos de la región. 5. IberRed; La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional es una herramienta de cooperación en materia civil y penal, puesta a disposición de los operadores jurídicos de 22 países Iberoamericanos y del Tribunal Supremo de Puerto Rico (incluyendo España, Portugal y Andorra), que beneficia a más de 500 millones de ciudadanos. 6. Declaración de Tenerife, las partes firmantes acordaron fortalecer sus lazos de cooperación a través de la celebración de encuentros periódicos y el intercambio de experiencias, forjando una alianza en materia de Justicia entre Iberoamérica y la Lusofonía.
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