La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) fue un organismo estatal argentino creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como autoridad encargada de la aplicación de dicha ley. Sucedió al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que era el encargado de aplicar la anterior Ley de Radiodifusión № 22.285. Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto de necesidad y urgencia, el 26/7/2015, ordenando la disolución del organismo y su fusión con la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) en un nuevo organismo denominado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Sin embargo, mediante dos medidas cautelares impuestas el 11 de enero de 2016, fue anulada temporalmente la disolución, por violar la ley de medios vigente.[1] Aun así, avanzado el mes de enero del mismo año, se desestimaron las medidas cautelares y finalmente se creó el ENACOM.
La ley № 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, derogando la ley № 22.285. El artículo de creación de la AFSCA dice:
Créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, como autoridad de aplicación de la presente ley.
Artículo 10. Ley № 26.522
La entidad inició sus actividades el 10 de diciembre de 2009 según lo estableció el decreto presidencial 1525/2009, siendo designado Martín Sabbatella como presidente del mismo, a la cabeza de un directorio integrado por parlamentarios de los tres principales bloques, representantes de las universidades y del Consejo Federal.
El 23 de diciembre de 2015 la AFSCA fue intervenida por el presidente Mauricio Macri, mediante una decisión impugnada ante la Justicia. El 30 de diciembre de 2015 el Jefe de Gabinete Marcos Peña anunció que el presidente Macri había sancionado un decreto de necesidad y urgencia, cuyo número no precisó y que ese día no apareció publicado en el Boletín Oficial,[2] que disponía la eliminación de la AFSCA y su fusión con la AFTIC, para dar origen a un nuevo organismo público denominado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El 4 de enero de 2016 fue publicado en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia 267/2015 firmado el 29 de diciembre de 2015, anunciado por el Jefe de Gabinete.[3][4]
El anuncio dio lugar a diversas medidas legales y a un fallo judicial suspendiendo dicha decisión.[5] El gobierno por su parte decidió no cumplir la orden judicial argumentando que el juez no tenía competencia.[6] El 7 de enero un nuevo fallo judicial dejó sin efecto la medida cautelar.[7]
Funciones
Tiene como función ser la «autoridad de aplicación» de la ley, es decir, ser el organismo que se hace cargo de la aplicación diaria de lo estipulado por la ley, más concretamente:
Aplicación de la Ley № 26.522, su decreto reglamentario 1525/2009 y resoluciones complementarias, en todo el territorio de la República Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción.
Promover el desarrollo de los servicios de medios audiovisuales.
Otorgar licencias que habiliten a trasmitir en las frecuencias disponibles dentro del marco legal vigente.
Decretar la titularidad de las licencias.
Autorizar transferencias y determinar la caducidad de las mismas.
Controlar el funcionamiento y emisión de la programación de radio y TV.
Supervisar y controlar la programación y contenido de las emisiones de radio y TV complementarias y de otro género en los aspectos de lenguaje y horarios.
Aplicar las sanciones previstas por la Ley № 26.522, recaudar y administrar los fondos provenientes de la percepción de los gravámenes y multas que resulten de la aplicación de dicha ley
Objetivos
Aplicar, interpretar y hacer cumplir la ley y normas reglamentarias.
Elaborar y aprobar los reglamentos que regulen el funcionamiento del directorio.
Promover la participación de los servicios de comunicación audiovisual en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Composición
Están contempladas en el articulado entre el 10 y el 14 incluidos. Conformado por 7 miembros el presidente de la AFSCA y un director ; tres designados a propuesta por la Comisión bicameral, con la finalidad de que representen a las primera, segunda y tercera minorías del Congreso Nacional y dos designados a propuesta por el Consejo Federal, de los cuales uno tiene que ser un académico de la comunicación.
La conducción y administración de la AFSCA fue ejercida por un directorio, integrado por 7 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, por lo que se conformó por:
1 presidente y 1 director designados por el Poder Ejecutivo.
3 directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por esta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias.
2 directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales.
Sus miembros durarán en el cargo 4 años y deben ser designados con 2 años de anticipación de la asunción del Presidente de la Nación.
Historia
Comisión Nacional de Radio y Televisión
El primer antecedente de organismo regulatorio de medios en Argentina fue el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART), instituido por el Decreto-Ley Nº15.460 (de Radiodifusión) sancionado en 1957 durante el gobierno de facto del presidente Aramburu.[8]
Este decreto anuló la Ley Integral de Radiodifusión Nº 14.241, sancionada en octubre de 1953 durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.[9]
Comité Federal de Radiodifusión
La Ley Nacional de Telecomunicaciones № 19.798, sancionada el 22 de agosto de 1972 durante la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, reemplazó al CONART por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). Esta ley, a pesar de su nombre, regularía aspectos de la radiodifusión que estarían bajo la órbita del COMFER como organismo autárquico en jurisdicción de la Presidencia de la Nación.
El 15 de septiembre de 1980, durante el gobierno militar de Jorge Rafael Videla, se sancionó la ley Nacional de Radiodifusión № 22.285 y se determinó que el órgano de control sería el COMFER. Entre sus funciones se encuentran las de «controlar los servicios de radiodifusión, en sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos», «supervisar la programación y el contenido de las emisiones» y «calificar en forma periódica a las estaciones».[10] Dicha ley estableció además que el COMFER estaría dirigido por un directorio integrado por siete miembros, cada uno de ellos representante de los siguientes sectores:
La ley establece también que el directorio debe ser asesorado por una comisión integrada por representantes de todos los ministerios del gobierno nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).[10]
Desde que asumió democráticamente el presidente Raúl Alfonsín, y hasta la creación de la AFSCA en el 2009, el COMFER estuvo intervenido por diferentes interventores que fueron nombrados en todos los casos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual № 26.522, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009 y la que deroga la ley №22.285, le otorga a este organismo como autoridad de aplicación de dicha ley, la cual inicia sus actividades el 10 de diciembre de 2009 según lo establece el decreto presidencial 1525/2009.
Esta ley, conocida como Ley de Medios, reemplazó al COMFER por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
De este modo, Sabbatella quedó confirmado como titular del AFSCA de cara a la completa aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.[14][15] De acuerdo con el fallo de Corte Suprema de Justicia esto debía suceder el 7 de diciembre de 2012.[16][17] Para esa fecha, debían reasignarse las señales operadas por el Grupo Clarín que excedían los límites previstos por la ley sancionada tres años antes por el Congreso, ya que expiraba el plazo concedido por la justicia a la vigencia de la medida cautelar que había suspendido el artículo 161 de la norma, que estableció un plazo de un año para que las empresas mediáticas se desprendiesen de las señales que excedieran los límites fijados por la ley.[18]
En diciembre de 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como presidente, el jefe de gabinete Marcos Peña anunció modificaciones a la Ley de Medios y la desaparición del AFSCA y la AFTIC. La ley votada por amplia mayoría del Congreso después de múltiples debates y ratificada por la Corte Suprema fue suspendida con un decreto de necesidad y urgencia.[19]
Intervención por el Poder Ejecutivo Nacional de 2015
El 11 diciembre de 2015 a través de un decreto presidencial, Mauricio Macri, decidió que AFSCA y AFTIC pasaran a depender del entonces Ministerio de Comunicación, —disuelto a mitad de 2017—,[20] que conducía el radical Oscar Aguad.[21] El DNU iría en contra del texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que AFSCA es un ente descentralizado e independiente.[22][23] Diferentes agrupaciones y sindicatos denuncian que la creación de la nueva cartera atenta contra la independencia de la AFSCA.[24][25]
En la tarde del 14 de diciembre se realizaron multitudinarias manifestaciones en la Plaza de Mayo en defensa del AFSCA y la Ley de Medios, convirtiéndose en la primera marcha opositora al gobierno de Macri.[26][27] También hubo movilizaciones en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Tucumán, en Buenos Aires frente al Congreso de la Nación y en el centro de las ciudades de Rosario, Salta, San Salvador de Jujuy y Santa Fe, entre otras capitales.[28][29]
El 23 de diciembre el presidente Mauricio Macri dispuso intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El entonces Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad dio a conocer la medida mediante una conferencia de prensa y la justificó diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de "rebelión" y que su presidente Martín Sabbatella era un "militantepolítico".[30]
El directorio de AFSCA y AFTIC, —integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de las Universidades—, fue depuesto, aun cuando sus cargos finalizaban recién en 2017. En su lugar Macri designó a Agustín Garzón, miembro de Jóvenes PRO.[31][32] A pesar de que la Justicia tiene pendientes de resolución más de diez pedidos de amparo en favor de la continuidad de Sabbatella, Garzón se hizo cargo de la Afsca.[33] Una de las primeras medidas del interventor fue despedir a 15 directores,[34] en medio de fuertes manifestaciones en las puertas del organismo.[35]
Posteriormente la justicia ordenó la reincorporción de nueve trabajadores de la ex Afsca cesanteados tras la intervención del organismo. La resolución judicial le ordena al Enacom reincorporar a los trabajadores por considerarlos despedidos por razones de discriminación política.[36]
Sabbatella afirmó que el "gobierno fue elegido democráticamente pero tiene actitudes de un gobierno de facto" y presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus.[37] Pocas horas después de la intervención se reunió en la puerta de la AFSCA una manifestación de ciudadanos para oponerse a la medida.[35] El titular del organismo consideró “ilegal” e “inconstitucional” el decreto firmado por el Presidente, que también alcanza a la Aftic. Aseguró que hay un “conflicto de poderes”, que debe ser resuelto por la Justicia.[38] El ministerio dispuso un despliegue policial que incluyó un vallado y un operativo de infantería para que Sabatella no ingrese al edificio luego de la intervención. Finalmente el operativo fue retirado y el ministro Aguad sostuvo que se trató de “un error de información”. Por la noche la policía ingresó al edificio de la Aftic para advertirle a los trabajadores que debían evacuar el lugar ya que pasados 10 minutos cortarían la luz, lo que efectivamente ocurrió.[39]
La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la oficialización del decreto de Macri. Posteriormente Macri fue denunciado ante la CIDH por el decreto que modifica la Ley de Medios y dispone la intervención y disolución de los organismos autónomos (AFSCA Y AFTIC).[40] Al conocerse la noticia de la intervención, hubo multitudinarias marchas reclamando el respeto por la ley de medios y contra la intervención del organismo, reclamando en pancartas contra el avasallamiento institucional y contra la censura.[41]
Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur: “No parece muy respetuoso de las instituciones cambiar vía DNU artículos de la ley de medios, sin pasar por el Congreso, como anunciaron”.[42]
Gabriel Mariotto, diputado del Parlasur: “La ley de medios garantiza el derecho a la información. El Gobierno abusa del poder groseramente. Es un atropello a la democracia voltear la ley por DNU”.[42]
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, expresó su rechazo a la intervención del organismo : “Macri refuerza su dedazo, gobierno de los decretazos. Por eso no llamó a extraordinarias en el Congreso”.[42]
En la Organización de Estados Americanos (OEA) el relator especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza, se mostró crítico de la decisión tomada por el gobierno argentino y afirmó que el organismo está "observando de cerca la situación".[43]
El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis repudió la intervención y cuestionó al ministro Aguad recordando sus vínculos con la dictadura.[44]
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudió la intervención diciendo que "pone en vilo la calidad institucional de nuestro país" en un claro intento por parte del actual Presidente de impulsar una serie de cambios que se encuentran en sentido contrario a lo normado por las leyes de nuestro país y a la legitimidad con la que se han establecido. Además, no existe tal necesidad y urgencia para asumir prerrogativas que no le son propias al Poder Ejecutivo.[45]
Joaquín De la Torre, intendente de San Miguel, apoyó la medida y afirmó que "La AFSCA y la AFTIC eran organismos de persecución de quienes pensaban de modo distinto".[46][47]
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que "Este nuevo avasallamiento a la voluntad popular se suma al intento de imponer dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto [...] e indica una muy preocupante tendencia autoritaria de la actual gestión nacional".[48]
La Red de Carreras de Comunicación Social de la Argentina (RedCom) emitió un comunicado de repudio y rechazo a la medida en el que afirmaban "El decreto es violatorio de las instituciones democráticas y afecta la representación de nuestras universidades. Está en juego el rol del Estado".[49]
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, (SIPREBA) expresó su repudio concluyendo que "La intervención del AFSCA marca una nueva fase en la defensa de la concentración de los medios de comunicación".[50][51]
La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, reclamó una reunión urgente de la OEA y la intervención de la CIDH dado que se “vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad”.[52][53] Se sumaron a este pedido varias organizaciones de la sociedad civil de Argentina y Latinoamérica.[54]
Julio Bárbaro, ex interventor del COMFER durante el gobierno de Néstor Kirchner, opinó: "Una sociedad democrática no puede tener a Sabbatella al frente de AFSCA porque es un personaje que no representa a ninguna mayoría" señalando que [la Ley de Medios funcionó] "al principio, con Néstor Kirchner (en vida). Pero después "vinieron los sectarios, los 'sabbatellos'".[55][56]
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó su repudio y calificó la medida como un "nuevo atropello del Gobierno contra las instituciones democráticas nuevo atropello del Gobierno contra las instituciones democráticas".[57]
La intervención también generó el repudio del CELS, legisladores de izquierda y de legisladores del FPV de ambas Cámaras parlamentarias.[58]
El 4 de enero de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el respectivo decreto con el №º 267/2015 del 29 de diciembre de 2015, disolviendo el organismo.[59][60][61] Horas más tarde, Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo de la ciudad de La Plata, dictó una medida cautelar que prohíbe la disolución y fusión de la AFSCA y la AFTIC.[62][63][64]
El 11 de enero, los jueces Iván Garbarino (de la Ciudad de Buenos Aires) y Martina Forns (de la localidad bonaerense de San Martín) aceptaron los recursos de amparo presentados por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, dejando de forma temporal sin efecto los decretos mediante los cuales se intervino y disolvió la AFSCA, y se modificaron artículos de la Ley de Medios.[1][65] El gobierno apeló los fallos el día siguiente.[66] El 14 de enero, el juez Garbarino aceptó la apelación, pero mantuvo la cautelar vigente.[67] El 15 de enero, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal estableció que la apelación de la medida cautelar realizada por el Gobierno nacional tenía efecto suspensivo. Sabbatella pudo ingresar durante poco tiempo al edificio, ingresando a su despacho.[68][69][70][71][72]
↑Boletín Oficial nº 33286, Poder Ejecutivo Nacional, 30 de diciembre de 2015, archivado desde el original el 20 de diciembre de 2015, consultado el 31 de diciembre de 2015.
↑"Mucho ruido, pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2004)." Coordinador: Guillermo Mastrini (realizado en conjunto con docentes de su cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A.). Ediciones La Crujía, 2006.
↑«¿Sabbatella a la AFSCA?». Diario El Argentino de Entre Ríos. 17 de septiembre de 2012. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2012. Consultado el 30 de septiembre de 2012.