Variante del Escudo Nacional de México con la inscripción del nombre oficial del país: Estados Unidos Mexicanos formando un semicírculo superior. El llamado sello de México es un emblema institucional de cualquier dependencia federal, y más usado concretamente de las secretarías de Estado.
La Administración Pública Federal es el conjunto de ministerios o despachos (conocido en el país como gabinete presidencial), dependencias federales, organismos descentralizados y empresas paraestatales que integran un grupo de colaboradores que asisten, para el desarrollo de sus atribuciones y funciones, al presidente de México. La Constitución vigente contempla dichas instituciones en cinco artículos del mismo apartado (Título III, Capítulo III) que define al Poder Ejecutivo, el cual recae exclusivamente en el Presidente de la República, por lo que el organigrama antes mencionado no es depositario de dicho poder, sino una organización formalizada en sectores para atender, desde la jefatura del ejecutivo, diversas tareas gubernamentales, pudiendo ser estas funciones básicas, complementarias, coyunturales o emergentes. Las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones a los distintos cargos están determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.[1]
La administración pública federal es centralizada y paraestatal, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la carta magna, en su artículo 90; las secretarías de Estado son su principal componente, pero estas a la vez tendrán adscritas (además de sus órganos internos) a dependencias federales, organismos descentralizados y empresas paraestatales, y todo lo anterior tiene a su cargo diversas carteras de interés público. Los titulares y la estructura del gabinete serán responsables del diseño, aplicación, evaluación y garantía de las políticas públicas en materia de gobernabilidad, fuerzas armadas, seguridad pública, economía, relaciones exteriores, servicios públicos (educación, salud, empleo, vivienda, alimentación), infraestructura, medio ambiente, contraloría, entre otras áreas de responsabilidad del gobierno federal.[2]
El presidente está facultado para nombrar y remover a los miembros del organigrama, así como para crear entidades al interior de este para la atención directa o específica de asuntos de interés público. Sin embargo, la creación de nuevas secretarías, la validación de las políticas desarrolladas e incluso el nombramiento de algunos funcionarios dependen de la determinación del Congreso de la Unión. El gabinete se divide, para su conformación, en gabinete legal (las secretarías de Estado) y gabinete ampliado (consejería jurídica, dependencias, organismos descentralizados y empresas del Estado), pero no incluyen, al menos en los términos de la ley orgánica, a la Oficina de la Presidencia, que cuenta con su propia estructura y normatividad, trabajando directamente con el titular del ejecutivo.[3][4][5]
Administración Pública Centralizada
El segundo párrafo del primer artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece:[2]
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada.
Las secretarías de estado son las dependencias administrativas que auxilian al presidente de México en sus funciones, encabezadas por un titular denominado "secretario", quién es nombrado directamente por el presidente. La Constitución de México prevé a las secretarías de estado en sus artículos 89 fracción II y 90 a 93.[6]
El número y denominación de las secretarías de estado de México se encuentran determinados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 26, el cual prevé, junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la existencia de 19 secretarías de estado:[2]
Los organismos descentralizados se encuentran regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales.[22][2]
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.[23]
↑«La formalización de la organización». 200 años de Administración Pública en México - Los Gabinetes en México 1821-2012: Tomo III. México: Instituto Nacional de Administración Pública A.C. 2012. p. 42. ISBN978-607-9026-20-2.|fechaacceso= requiere |url= (ayuda)
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