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Caso Las Malvinas
El Caso Las Malvinas hace referencia a la desaparición y asesinato de cuatro menores de edad en Guayaquil, Ecuador, en diciembre de 2024. Los niños fueron vistos por última vez en el sector de Las Malvinas tras un partido de fútbol, donde fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas. Días después, sus cuerpos calcinados fueron hallados cerca de la base militar de Taura en Naranjal, lo que desató indignación nacional y un intenso debate sobre la actuación de las fuerzas militares y la protección de los derechos humanos. Contexto del sucesoDesaparición de los menoresEl 8 de diciembre de 2024, cuatro niños, identificados como Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), desaparecieron en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, después de salir de jugar un partido de fútbol.[1] Según testimonios de familiares y videos de cámaras de vigilancia, los menores fueron detenidos por personal militar y subidos a vehículos de las Fuerzas Armadas en las cercanías del Mall del Sur.[2] InvestigaciónTrece días después, el 21 de diciembre, la Fiscalía General de Ecuador inició una investigación por el presunto secuestro, señalando posibles implicaciones de personal militar en el caso.[3][4] El 24 de diciembre, se encontraron cuatro cuerpos calcinados cerca de la base militar de Taura, en la localidad de Naranjal, aproximadamente a 40 kilómetros del lugar donde los menores habían sido vistos por última vez. Al día siguiente, el 25 de diciembre, se convocó a los familiares para realizar la identificación de los cuerpos. Tras llevar a cabo pruebas genéticas, la Fiscalía confirmó que los restos correspondían a los cuatro menores desaparecidos.[5] Este hallazgo provocó una ola de indignación y protestas en varias ciudades del país, donde ciudadanos exigieron justicia y explicaciones sobre lo sucedido. Procesamiento de los militares involucradosEl 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía presentó cargos por desaparición forzada contra 16 militares presuntamente implicados en el caso.[6] Un juez ordenó prisión preventiva para los acusados y estableció un período de instrucción fiscal de 90 días para avanzar en la investigación.[7] Los militares implicados proporcionaron su versión afirmando que, durante un patrullaje, detuvieron a los jóvenes debido a una denuncia de robo en la zona. Según su relato, los menores no portaban documentos de identificación y se negaron a proporcionar sus nombres o edades.[8] En relación con las imágenes de video que muestran a los menores siendo golpeados, los militares negaron que se tratara de actos de violencia. Justificaron sus acciones indicando que intentaban evitar que los detenidos los miraran directamente.[8] Los militares también sostuvieron que, tras la detención, liberaron a los menores en la zona de Taura. Sin embargo, no existe un informe oficial de arresto que respalde esta afirmación. Posteriormente, los cuerpos de los menores fueron encontrados calcinados en esa misma área el 24 de diciembre de 2024.[9] FuneralEl 1 de enero de 2025, los cuerpos de los cuatro menores fueron enterrados en el cementerio Ángel María Canals, ubicado en el suburbio de Guayaquil. Durante el sepelio, cientos de vecinos clamaron "queremos justicia", mientras los familiares expresaban su dolor y exigían respuestas sobre la brutalidad del caso.[10][11][12] ReaccionesEste hecho generó una ola de pronunciamientos de diversas autoridades e instituciones en Ecuador, quienes expresaron su indignación y compromiso para buscar justicia. El presidente Daniel Noboa se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.[13] La Asamblea Nacional declaró tres días de luto institucional en respuesta a la tragedia, reflejando la gravedad del caso y su impacto en la sociedad ecuatoriana.[14] La vicepresidenta Verónica Abad expresó su condena por el asesinato de los cuatro menores en una carta, destacando que sus vidas fueron arrebatadas de forma brutal, causando un daño irreparable a sus familias y a Ecuador. Anunció un luto oficial de tres días en la Vicepresidencia, reafirmando el compromiso de no olvidar estos actos inaceptables y de buscar justicia para que los responsables enfrenten la ley.[15][16] El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la tragedia de los menores a través de su cuenta de X, lamentó la dolorosa despedida del año y afirmó que "nada aliviará el sufrimiento de los padres, ni borrará la culpa de los asesinos, tanto directos como indirectos".[17][18] La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expresó su profundo pesar por la muerte de los cuatro niños en el caso Malvinas en sus redes sociales. Subrayó que es intolerable que la vida de los menores termine de esta manera, instando a que el miedo no impida alzar la voz. "La solidaridad debe ser nuestra herramienta para exigir justicia y evitar que se repitan tragedias como esta", declaró.[19][20] El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó sus condolencias a las familias de los cuatro niños a través de su cuenta de X: "Ecuador está de luto y profundamente indignado; hemos llegado al límite. No hay mayor dolor para una sociedad que perder a cuatro niños a causa de quienes deberían protegernos".[21] La Casa de la Cultura Ecuatoriana manifestó su profunda indignación por el asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas. A través de un comunicado, exigió a las autoridades que este caso no quede impune y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes por sus actos.[22] La Defensoría del Pueblo expresó su indignación y rechazo ante este grave delito. Además, hizo un llamado a las instituciones del Estado para que actúen con rapidez y eficacia en la implementación de sistemas de protección y restitución de derechos.[23] La Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador afirmó que la tragedia de los cuatro niños refleja un patrón de abuso de autoridad, discriminación y perfilamiento racial. En un comunicado, los organismos de derechos humanos pidieron que se identifique y castigue a todos los responsables, además de implementar medidas de reparación integral y asegurar que no se repitan estos actos.[24] Referencias
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